Madrid, 16 dic (EFECOM).- La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes rechazó hoy la moratoria a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España, y dijo que la decisión prolongará la situación de irregularidad de muchas personas que ya trabajan en el país.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, confirmó hoy en Bucarest que el Gobierno impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España, cuyos países entrarán a la Unión Europea el próximo 1 de enero.
En declaraciones a EFE, un portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE) defendió que su acceso a la UE debe ir acompañado del disfrute de "derechos plenos y un reconocimiento completo".
Con la moratoria hoy anunciada, agregó, los inmigrantes rumanos y búlgaros "no se van marchar" del país y, por tanto, muchos de ellos seguirán trabajando "en la economía sumergida, sin poder regularizar su situación" aún siendo sus países miembros de la Unión.
La presidenta de la Asociación Búlgara Tangra, Deana Ivanova, explicó a EFE que tanto rumanos como búlgaros sólo pretenden trabajar y mejorar sus condiciones de vida, y en muchas ocasiones se ven obligados a hacerlo en la economía sumergida.
Tras estimar que en España pueden residir unos 100.000 búlgaros, Deana Ivanova explicó que hoy mismo su asociación tiene previsto organizar un festival navideño en el que van a celebrar la entrada de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España, Miguel Fonda Stefanescu, opinó que los países de la Unión son "poco solidarios" y, salvo España e Italia, "todos vuelven la espalda y solo quieren ingenieros o directivos de grandes empresas".
"Se está creando la UE de las multinacionales y no de la solidaridad", añadió Fonda, quien dijo que la decisión española tiene "cierta lógica", todo lo contrario a Irlanda "que ha impuesto una moratoria de seis años", habiendo sido un país de emigrantes y vivido durante mucho tiempo de fondos europeos.
En España están empadronados entre 700.000 y 800.000 rumanos, de los cuales más de 230.000 poseen permiso de residencia y trabajo, informó Fonda.
Los búlgaros y rumanos residentes en España que ya cuentan con un contrato de trabajo podrán mantener su situación, mientras que los que carezcan del mismo deberán solicitar un permiso durante el primer año de la moratoria. EFECOM
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