Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, lo hizo pensando que la ofensiva duraría poco. Sin embargo, han pasado 8 meses desde entonces y todavía no hay visos de que el fin del conflicto esté cerca. En este tiempo, cerca de 7,5 millones de ucranianos -mayoritariamente mujeres menores de 40 años y niños- se han visto obligados a abandonar sus hogares para poner rumbo al resto de países de la Unión Europea (UE). Una crisis de refugiados sin precedente con un elevado coste humano, material y económico, al cual pone cifras el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe The Fog of War Clouds the European Outlook.
En el corto plazo, la institución estima que el coste fiscal de los refugiados ucranianos en la UE podría situarse entre los 30.000 y los 37.000 millones de euros en 2022. Es decir, el equivalente al 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto total de la comunidad europea. En el caso de la República Checa, Estonia y Polonia -los Estados miembros que han acogido a un mayor números de ciudadanos procedentes de Ucrania-, ese gasto representaría aproximadamente el 1% de su PIB. Lo mismo le ocurriría a Moldavia, país candidato a entrar en el bloque desde junio de este año.
Las presiones presupuestarias más inmediatas procederán principalmente de los servicios de cuidado de los menores, educación y atención sanitaria que requieren los refugiados ucranianos a su llegada a los países de destino, según detalla el documento.
No obstante, el FMI espera que la cifra se reduzca considerablemente en el largo plazo, apoyándose principalmente en las buenas perspectivas de integración de los ciudadanos ucranianos en el mercado laboral de los diversos países de acogida. Aunque todo dependerá de la velocidad y calidad con la que se produzca, el organismo piensa que su incorporación a la fuerza de trabajo aportaría más ingresos fiscales a la nación en la que residan, al tiempo que contribuiría a reducir su dependencia de la asistencia social y mejoraría su calidad de vida. Además, podrían ayudar a aliviar la tensión provocada por la falta de mano de obra a la que se enfrentan algunos Estados de Europa del Este. En la actualidad, los refugiados ucranianos representan alrededor del 0,5% de la población activa de la Unión.
En cuanto al papel individual de los países receptores en esta crisis, el organismo considera adecuado que financien y recompensen a sus subgobiernos por el éxito de la integración, pues será el resultado de las medidas adoptadas en materia de educación, sanidad, vivienda y políticas activas del mercado laboral. En el supuesto de que este proceso se retrase, sugiere aplicar subsidios salariales temporales a los empleadores, entre otras opciones.
A nivel comunitario, el FMI cree que los Estados miembros deberían distribuirse "la carga de la acogida de los refugiados de forma más justa". Para ello, les propone poner en marcha mecanismos adicionales que vayan más allá de las transferencias dentro de la Unión y la gratuidad del transporte. Asimismo, insiste en la necesidad de aprobar políticas que faciliten el retorno de los ciudadanos ucranianos a su país una vez acabe el conflicto armado.
