Madrid
El anteproyecto de Ley de Información Clasificada apenas ha comenzado su recorrido legislativo y ya suma diversas críticas. Las sanciones por publicar informaciones relativas al funcionamiento de los organismos públicos ya levantó las críticas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que calificaron de "propias de una dictadura" estas intenciones. Ahora es el principal partido de la oposición, el Partido Popular, el que le pide al Ejecutivo de Sánchez que reflexione y se avenga al diálogo.
"Se trata de una ley muy importante, de esas que son de Estado y no de legislatura. Lo que debería hacer el Gobierno es dialogar con el principal partido de la oposición y no con partidos cuyos objetivos políticos son destruir España, como Bildu o Esquerra Republicana", explica José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP y vicepresidente Primero de la Comisión de Interior.
Sobre si el Partido Popular se plantea llevar el texto ante el Tribunal Constitucional en el caso de que se aprobase, el diputado pide cautela y respetar los tiempos. Actualmente no se trata de más que un anteproyecto y además hay solicitados informes preceptivos tanto en el Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de datos. Será una vez se concluyan estos informes y una vez el Consejo de Ministros transforme el anteproyecto en proyecto de ley cuando el PP se pronuncie en este extremo. Pero de momento, el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo pide al Gobierno que se siente a dialogar.
Lo que sí ha criticado Bermúdez de Castro son los tiempos usados por el Ejecutivo así como optar por el trámite de urgencia en una ley tan trascendental como la que se prevé promulgar. "Estamos hablando de informaciones muy sensibles y el anteproyecto estipula algunas cosas que deberían pensarse más", apunta.
El texto diferencia cuatro categorías para hablar de informaciones sensibles para la seguridad del Estado. Las dos primeras, 'Alto Secreto' y 'Secreto' provocan, más o menos, consenso hasta ahora, pero las otras dos, 'Restringida' y 'Confidencial' no. El propio texto legislativo entiende que confidencial serán "el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos, la prevención, detección e investigación de delitos, y cualquier otro ámbito que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España". La categoría de 'Restringida' "se aplicará a la información cuya revelación no autorizada pueda ser contraria a los intereses de España".
