Economía

El PP Teruel lo tiene claro: el Gobierno de Aragón "demora voluntariamente" la aplicación de FITE

  • Los ayuntamientos están ejecutando las acciones de 2019
  • El PP Teruel denuncia el retraso en la firma del acuerdo
  • La formación política augura que en el año 2022 no se va a invertir ni un euro de los 60 millones del FITE
El senador popular, Manuel Blasco, y el presidente del PP Teruel, Joaquín Juste.
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El Partido Popular en Teruel cree que la tardanza en aplicar el Fondo de Inversiones de Teruel corresponde a una "estrategia" del Ejecutivo aragonés, que cuenta con un remanente negativo "muy potente".

El presidente del PP Teruel, Joaquín Juste, ha explicado que al Gobierno de Aragón le viene muy bien "ejecutar esas cuantías para pagar otras cuestiones, no para invertirlos en la provincia, porque emplean el criterio de caja única".

Juste ha realizado estas declaraciones tras la firma hoy de la nueva edición de FITE, que se produce siete meses después del inicio de 2022. El presidente del PP Teruel ha incidido en que, aunque se alegra de la noticia, la firma del convenio se produce "tarde", máxime cuando se han aprobado en tiempo y forma los presupuestos de ambas administraciones. Una crítica a la que ha añadido también el desarrollo posterior que realiza del propio FITE el Gobierno de Aragón que, a su juicio, "demora voluntariamente" la aplicación de esos fondos.

Juste ha recordado que, en la actualidad, los ayuntamientos están ejecutando las subvenciones de 2019 para infraestructuras municipales, para lo que algunos consistorios han tenido que pedir una prórroga. Con respecto al 2020, se acaba de adjudicar las cuantías para las entidades locales, y la edición de 2021 ni siquiera se ha convocado.

Un motivo por el que el presidente del Partido Popular de Teruel ha augurado que en el 2022 "no se invertirá ni un céntimo de esos 60 millones de euros". En este sentido, ha añadido que "la realidad es que los ayuntamientos tendrán que esperar mucho tiempo a la convocatoria, después presentar los proyectos y que el Gobierno de Aragón los estudie y resuelva", lo que puede provocar situaciones parejas a lo ocurrido con el FITE de 2018; una edición en la que 46 ayuntamientos tuvieron que devolver importantes cantidades.

En esta línea, Juste ha lamentado que, "al final los que deberían contar con el mayor plazo, porque son los que tienen que acometer las actuaciones, son los que tienen el menor".

A todo ello, desde el PP Teruel han recordado que hay que sumar la inestabilidad económica en la que se encuentra España, con una inflación notable y con un alza en el precio de los materiales que está provocando que muchas obras vean incrementado su coste de manera muy significativa.

"En una coyuntura como la que estamos viviendo, los precios no se parecen en nada a los de hace cuatro años y las empresas se niegan a realizar las obras por esos importes, a lo que hay que añadir que los pequeños municipios no tienen capacidad económica de suplementar esos presupuestos", ha señalado.

Más peso en gestión

Una de las novedades de la edición de 2022 es que el Gobierno de Aragón podrá aprobar los proyectos sin necesidad de tener que elevar esas cuestiones a la Comisión de Seguimiento. Una medida con la que se espera ganar en celeridad para un desarrollo que se ha caracterizado a lo largo de las anteriores ediciones por su gran lentitud.

Juste ha explicado que se espera que se produzca una mejora, aunque ha subrayado que en el pasado "se tenía en cuenta el criterio del Gobierno autonómico", cuestión en la que se ha mostrado a favor porque "es el que está más cerca, conoce mejor el territorio y la realidad, y también cuáles son las alternativas en inversiones que se pueden poner en funcionamiento. El peso del Ejecutivo aragonés era mucho mayor a la hora de decidir los proyectos".

En esta misma línea se ha pronunciado el senador turolense, Manuel Blasco, quien ha anunciado que "exigirán" agilidad a la hora de gestionar el FITE.

Además, Blasco ha vuelto a incidir en la forma de proceder en el pasado, en el que el Gobierno de España "se limitaba a que el gasto de los 30 millones cumple con el convenio y con la legalidad".

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