Milán
En su último discurso delante del Senado italiano, el expresidente del BCE Mario Draghi, dejó claro lo que está en juego con la crisis política abierta hace diez días por el populista Movimiento 5 Estrellas (M5E). "Antes de final de año tenemos que alcanzar 55 objetivos del Plan nacional de recuperación para obtener una nueva erogación de 19.000 millones", recordó. Sin embargo, los primeros análisis indican que el coste de las elecciones anticipadas podría ser, para Italia, aún más alto que la pérdida de los fondos europeos.
Un estudio de Confartigianato, asociación de artesanos y pequeñas empresas mide las consecuencias en casi 50.000 millones de euros, 2,5 puntos de PIB y más 250.000 puestos de trabajo. A los 19.000 millones del plan de recuperación europeo habría que añadir una reducción de las inversiones por 5.000 millones de euros y unos 3.000 millones por la subida del precio de hipotecas y facturas de la energía, relacionada con la falta de las ayudas prometidas por el Ejecutivo.
La crisis paraliza también la solución del problema de los subsidios fiscales a las obras para la rehabilitación energética de los edificios: cuestiones burocráticas de momento congelan 5.200 millones de euros en créditos a las empresas del sector. Finalmente estima en 3.600 el estímulo económico que una ley presupuestaria escrita por Draghi habría dado a la economía.
Trabajando "en funciones"
A los casi 50.000 millones de daño económico estimado por Confartigianato, hay sin embargo que restar los 11.000 millones de euros del paquete de estímulo económico que fue el origen de la ruptura entre Draghi y el M5E y que será aprobado en todo caso.
La medida peligraba con no ver la luz, pero el primer ministro y el presidente de la República Sergio Mattarella encontraron con los partidos una manera para garantizar la aprobación de las cuestiones más urgentes. Draghi seguirá en funciones hasta que se forme nuevo Gobierno. La constitución transalpina no detalla los poderes de un gabinete "en funciones" y el presidente de la República decidió por una amplia autonomía que permita al expresidente del BCE acabar con los asuntos pendientes, entre otros el paquete para ayudar familias y empresas frente a la subida de los precios. La factura de la crisis así ascendería a poco menos de 40.000 millones.
Según el acuerdo entre la presidencia de la República y los partidos, el Ejecutivo tecnócrata podrá llevar a cabo las reformas que ya están aprobadas o delegadas por el Parlamento, escribiendo los decretos de actuación necesarios para que todo el trabajo no vaya desperdiciado con el fin de la legislatura. Se trata sobre todo de la reforma judicial que busca agilizar la justicia civil, que por sus larguísimos tiempos pone un freno a las inversiones extranjeras.
El Gobierno llevará también a cabo la reforma sobre competencia aunque sin la prevista liberalización de la plataformas de taxis, una de las normas obstaculizadas por la Liga que justo por esto decidió romper con el exbanquero. Otras reformas cuya aprobación estaba prevista para dentro de 2022 no se llevarán a cabo: la digitalización de los servidores de las Administraciones Públicas, el plan para luchar contra el trabajo irregular, el rediseño del sistema sanitario y la financiación adicional para hospitales y centros de salud, además de otras normas para mejorar la formación superior.
Algunas de estas medidas estaban vinculadas a la próxima ley presupuestaria. El gabinete de Draghi, sólo se ocupará de las previsiones económicas que hay que enviar a Bruselas antes del final de septiembre. De la ley de Presupuestos se encarga el Ejecutivo que saldrá de los próximos comicios. Esto se debe la aceleración impuesta a la crisis por la Presidencia de la República: las elecciones el 25 de septiembre obligarán a los partidos a preparar listas y candidatos durante agosto pero facilitarán la formación de un nuevo Gobierno dentro de la mitad de octubre, evitando una prórroga de los presupuestos.
Reforma fiscal y de pensiones
Las principales asignaturas pendientes son la reforma fiscal y de pensiones. Draghi había anunciado la intención de reducir la carga tributaria sobre el trabajo dependiente, una medida apoyada tanto por los sindicatos como por la patronal. Además el Gobierno habría tenido que enfrentarse a un rediseño de los incentivos para la jubilación: la intención de Draghi era buscar una manera para seguir garantizando una jubilación flexible para algunas categorías de trabajadores y al mismo tiempo no perjudicar las cuentas públicas. Como él mismo explicó la semana pasada delante del Senado se trata de medidas que, debido al crecimiento de la economía italiana que este año se acerca al 3%, se hubieran podido llevar a cabo sin pedir una nueva desviación presupuestaria.
Las principales asignaturas pendientes son la reforma fiscal y de pensiones
Otro tema que queda pendiente con la crisis política es el compromiso italiano con Ucrania. Dos de los partidos populistas que contribuyeron a la caída de Draghi han intentado oponerse a las ayudas de Roma a Kiev.
El Movimiento 5 Estrellas está en contra del envío de armas, mientras Matteo Salvini, líder la Liga - que tenía vínculos muy estrechos con Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin - intentó su propia "mediación" en el conflicto proponiendo un viaje a Moscú, organizado y pagado por la misma Embajada rusa en Roma. Por esto Draghi, en su último discurso en el Parlamento, avisó a los electores y a los demás partidos : "Hay que parar las interferencias rusas en nuestra política y en nuestra sociedad".
