Valladolid
Después de tres horas de reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la patronal y los sindicatos de la Comunidad constataron que el anuncio de un fuerte recorte de ayudas y subvenciones a los agentes sociales realizado hace unas semanas por Vox, socio de gobierno, no tiene marcha atrás.
El encuentro había sido reclamado por CEOE Castilla y León, UGT y Comisiones Obreras en un intento de que Fernández Mañueco desactivase las pretensiones de la formación verde de reducir un 50%, alrededor de 20 millones de euros, las ayudas que han recibido hasta el momento a través del denominado Diálogo Social.
Las esperanzas, sin embargo, se han tornado en decepción, cuando no en indignación, al comprobar que aunque el consejero de Economía y Hacienda, el popular Carlos Fernández Carriedo, confirmó que los acuerdos "se van a cumplir", la práctica totalidad, unos 18, van a ser revisados para adaptarse a la vigencia actual.
Éste fue el planteamiento que Mariano Veganzones, consejero de Empleo designado por Vox, ha mantenido durante toda la reunión, a la que también asistió su compañero de partido y vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo.
"Hemos puesto sobre la mesa lo que está en vigor y qué no, que se está negociando y cuáles son las líneas de trabajo a seguir, por eso se han convocado las seis mesas de negociación", ha asegurado Veganzones, quien ha defendido el cumplimiento de la Ley 40/205 que fija la vigencia de los acuerdos en un máximo de cuatro años.
La revisión de los acuerdos supone en la práctica la pérdida de muchos de los fondos que reciben patronal y sindicatos para acciones de formación o de fomento del empleo ya que Vox quiere que se hagan por concurrencia competitiva.
Tras la reunión, los sindicatos UGT y CC.OO. reconocieron que «todo ha saltado por los aires», mientras que el presidente de CEOE, Santiago Aparicio habló de un «día triste que habría que borrar del calendario». La primera reacción sindical ha sido la de anunciar acciones judiciales, algo que la patronal no ha descartado.