Bruselas
La Comisión Europea avala las reformas e inversiones previstas para la segunda entrega de los fondos de recuperación a España. Son 12.000 millones de euros en ayudas directas, el mayor pago previsto dentro de todo el plan de recuperación planteado por el Gobierno y que incluye la reforma laboral y parte de la reforma de las pensiones. Bruselas, pues, considera que España ha cumplido con los objetivos que se había marcado aunque lanza un claro aviso respecto a las pensiones, dónde identifica un riesgo claro de aumento del gasto público que puede poner en jaque la sostenibilidad financiera del sistema y generar un "agujero significativo".
El Gobierno solicitó este segundo tramo a finales de abril y después de analizarlo, la Comisión Europea le da ahora la autorización preliminar. No es la luz verde definitiva porque ahora se abre un período de cuatro semanas durante el cual los veintisiete estados miembro deben ratificarlo para poder así proceder al desembolso. Con estos 12.000 millones de euros más, España habrá recibido ya hasta un 45% de las ayudas directas que le corresponden del total de su plan de recuperación. Hasta ahora, había recibido un avance de 9.000 millones y un primer pago de 10.000 millones.
Esta segunda entrega implica el cumplimiento de 37 medidas, 26 de las cuáles son reformas y 11 son inversiones. Se consideraba uno de los pagos clave, no sólo porque es el mayor en volumen sino porque estaba vinculado a la puesta en marcha de dos medidas complicadas: la reforma laboral y la de las pensiones. En cuanto a la primera, se considera superada con éxito porque se aborda la dualidad del mercado laboral, una eterna preocupación de Bruselas, a través de los nuevos contratos adoptados con la reforma. También la Comisión avala la conversión de los ERTE aprobados durante la pandemia en un mecanismo permanente y la modernización de la negociación colectiva.
La sostenibilidad de las pensiones
El tema más espinoso sin embargo es el de las pensiones. La Comisión Europea constata que se ha aprobado el nuevo mecanismo de indexación anual vinculado a los precios para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y también los incentivos fiscales para alargar la vida laboral de los ciudadanos. Sin embargo, España también se ha comprometido a garantizar que todas estas medidas no perjudiquen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. El Gobierno calcula que la indexación al IPC aumentará el gasto en un 2,7% del PIB para 2050, mientras que sólo calcula un ahorro del 1,6% del PIB para el mismo período gracias a las medidas para alargar la vida laboral. De aquí que la Comisión se preocupe por la posibilidad de elevar el déficit del sistema.
Además, el gobierno español ha aprobado también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sustituye el Factor de Sostenibilidad y que está vinculado al cuarto pago de los fondos de recuperación. En este caso, la Comisión también tiene dudas sobre los riesgos que puede implicar en cuanto a aumento de gasto y por eso, espera que el Gobierno español le entregue más adelante un análisis completo sobre cómo piensa garantizar la salud financiera de la Seguridad Social. Será entonces cuando Bruselas valorará la reforma de las pensiones en su conjunto.
Gobierno y Comisión están en un diálogo constante, con las pensiones como uno de los temas principales de debate. Si al final de la reforma no se llegara a un acuerdo entre las dos partes sobre la sostenibilidad de las pensiones (o sobre cualquier otro objetivo a cumplir), el reglamento prevé la posibilidad de entregas parciales.
Además, esta semana está previsto que Eurostat publique el recálculo de la asignación de los fondos de recuperación, que previsiblemente beneficiará España al haber sido una de las economías más golpeadas por la pandemia y una de las últimas en recuperar el PIB perdido entonces. Gracias a este recálculo, España podrá recibir más ayudas directas de lo inicialmente calculado y tendrá que discutir con la Comisión de qué manera quiere ingresarlas.
