La ansiada recuperación económica internacional se ha visto postergada por factores como el incremento exacerbado de los precios de la energía, la invasión rusa a Ucrania y el consecuente encarecimiento del suministro de gas y petróleo, y la falta de materias primas por la ralentización de la producción y logística de ciertas mercancías procedentes de China, que parece estar viviendo todavía los efectos de una pandemia que no se quiere marchar.
En este contexto, Europa puede encontrar en América Latina a la aliada para fortalecer mutuamente sus economías, analizando su potencial en la producción de materias primas, en la generación de productos de calidad, en su mano de obra cualificada, y en la cultura común compartida con España.
En la construcción de ese nuevo enfoque será necesaria la participación conjunta de los sectores público y privado, y ahí la empresa española puede expandirse a nuevos mercados, donde existen tanto oportunidades de crecimiento como seguridad para sus inversiones.
El Gobierno del Ecuador quiere posicionarse como potencial destino de inversión dentro de la región, con oportunidades valoradas en 30.000 millones de dólares, que contemplan más de 70 proyectos en sectores básicos del país: infraestructura, minería, telecomunicaciones, transporte, tratamiento de aguas, turismo, acuacultura, producción de energías renovables, agroalimentación, tecnologías, entre otros.
Gran parte de estos proyectos se desarrollan bajo la figura de la Alianza Público-Privada (APP), contratos de inversión entre el Estado y la empresa, una modalidad que otorga mayor seguridad al inversionista, estabilidad cambiaria y tributaria, exoneración del Impuesto a la salida de divisas (ISD), exoneración arancelaria para la importación de bienes de capital y materias primas y agilización de las gestiones previas a operar en el Ecuador a través de la Ventanilla Única para el Inversionista.
Ecuador es un socio clave en Latinoamerica, que ofrece a sus inversionistas europeos un mercado potencial de crecimiento, con una economía dolarizada y estable -que elimina el riesgo de la variación del tipo de cambio- que goza del aval de los organismos financieros internacionales, y que cuenta con un Gobierno comprometido con la estabilidad democrática, política, jurídica y fiscal que precisan los inversores.
