El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente para 2022, 2023 y 2024. Hay cambios para los interinos. Los que cuentan más de siete años de experiencia no tendrán que hacer examen para conseguir plaza, pero sí los que lleven desde 2016, aunque será más fácil. En un principio el decreto apuntaba a que todos los interinos podrían tener plaza fija sin tener que hacer la oposición, pero la polémica surgida en torno a esta ventaja ha hecho que el Gobierno haya endurecido dicho acceso al menos hasta 2024.
La clave será 2016, de tal manera que los interinos que llevan trabajando desde antes de esa fecha no tendrán que hacer el examen y podrán acceder a través de un "concurso de méritos". Se valorará la antigüedad, la formación que tengan y sus publicaciones.
En estos casos, la experiencia contará un máximo de 7 puntos; la formación académica hasta 3 puntos; y otros méritos un máximo de 5 puntos (contando 2,5 puntos la superación de la oposición en la misma especialidad en convocatorias celebradas desde 2012). Así, los aspirantes podrán alcanzar hasta un máximo de 15 puntos por la valoración de sus méritos.
De lo contrario, los interinos que no tengan carrera -dentro de la administración- más allá de 2016, podrán conseguir la plaza fija a través de un "concurso-oposición". Para ello, se establece una única prueba, que se estructura en dos partes: una de conocimientos, en el que se deberá desarrollar un tema por escrito, y otra de aptitud pedagógica, con la presentación de una unidad didáctica.
Las partes de la prueba no serán eliminatorias, aunque en su conjunto deberá aprobarse con un 5 sobre 10. Según Rodríguez, la norma afectará a los más de 550.000 maestros y profesores de los centros públicos, "de los que un 23% están en situación de interinidad".
Por último, aquellos interinos que lleven desde 2021 y los nuevos aspirantes, se regirán por el sistema actual de concurso-oposición. Para estos, las plazas convocadas serán de reposición y de nueva creación.
El decreto pretende con estos cambios reducir la tasa de temporalidad en la función pública docente a un 8%, como ya pidió Bruselas a España. Precisamente, la educación es uno de los sectores que más temporalidad tiene, con tasas de hasta un 25%.
