La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no descarta liberalizar el tren más allá de la alta velocidad, como una manera de optimizar la inversión en infraestructuras y ofrecer un mejor servicio a precios más competitivos.
Tras la inauguración del Ave entre Madrid y Galicia, Sánchez asegura en una entrevista a elDiario.es que uno de los retos más inmediatos que debe abordar es el de seguir conectando el país, mediante la construcción del túnel que une Atocha y Chamartín y el AVE a Murcia. Tampoco se olvida de la movilidad cotidiana, el Cercanías, a la que este Ministerio va a destinar el 55% de los 6.700 millones asignados en los Presupuestos Generales del Estado.
Sobre la posible implantación de un nuevo sistema de peajes, la ministra afirma con rotundidad que cualquier cambio que planteen debe contar con el consenso del sector, así como del resto de agentes sociales, políticos y territoriales. En cuanto a los tiempos, Sánchez desmiente que dicho sistema deba estar en funcionamiento para 2023 porque así lo exige Bruselas, señalando que los compromisos adoptados en el Plan de Recuperación "no contemplan un periodo definido".
Preguntada por la Ley de Vivienda, Sánchez señala que solo falta un informe del Consejo General del Poder Judicial y no habrá alteraciones sustanciales del texto, por lo que espera que vuelva al Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Sobre la propuesta de Unidas Podemos de que el índice de precios que regule los alquileres en las zonas tensionadas se desarrolle en tres meses y no de dieciocho, la ministra subraya que este último era un periodo máximo, no mínimo.
La Ley va más allá, al ofrecer incentivos fiscales atractivos para que los pequeños propietarios contengan o bajen el precio del alquiler, destaca la ministra. Esto, junto con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda, busca dar respuesta a la demanda actual, añade.
Asimismo, la ministra asegura que "ni ha habido presiones ni tampoco nos habríamos dejado presionar" por parte del sector inmobiliario o de los promotores. Según ella, la nueva Ley de Vivienda está articulada de tal manera que no invade competencias y tampoco ataca la propiedad privada, sino que "ofrece incentivos para contener el precio del alquiler y fomentar la promoción de un parque público de vivienda".
