Nueva York
Los demócratas en ambas Cámaras del Capitolio se encuentran en pleno proceso de ultimar los detalles para financiar el ambicioso plan social de la Administración Biden, cuya factura asciende hasta los 3,5 billones de dólares. Un coste que los legisladores quieren suplir con la mayor subida fiscal a este lado del Atlántico desde 1968.
Hasta la fecha, algunas de las fórmulas planteadas incluían elevar el impuesto de sociedades desde el 21% al 28% o duplicar el tipo impositivo de las plusvalías, que teniendo en cuenta la fiscalización estatal, podría llegar a alcanzar el 48,8%. Sin embargo, los demócratas más progresistas plantean otra retahíla de alternativas, como fiscalizar la recompra de acciones, las emisiones de carbono y la remuneración de los ejecutivos, según adelantó Bloomberg la semana pasada.
Opciones sobre la mesa
Estas medidas van más allá de las propuestas sugeridas por la Administración de Joe Biden, ya que incluirían la aplicación de un impuesto especial a las recompras de acciones o tratarlas como dividendos fiscalizables. Al mismo tiempo se abogaría por limitar las deducciones de las empresas por la remuneración de sus ejecutivos. Los principales directivos también podrían enfrentarse a un impuesto especial si su remuneración supera la de un trabajador medio de la empresa en una determinada proporción.
Las opciones fiscales barajadas darían a los demócratas más flexibilidad a la hora de emprender las negociaciones sobre cómo pagar sus inversiones a largo plazo en atención infantil, educación y otros programas sociales. Biden y los legisladores demócratas han dejado claro en repetidas ocasiones que sus planes no aumentarán los impuestos a quienes ganan menos de 400.000 dólares al año. Dicho esto la animadversión dentro del propio campo demócrata amenaza con frenar el avance de la ambiciosa agenda del inquilino de la Casa Blanca.El senador Joe Manchin (demócrata de Virginia Occidental) reafirmó enérgicamente su oposición al tamaño del paquete de reconciliación de 3,5 billones de dólares y abogó la semana pasada por hacer una "pausa", lo que sugiere que podría no estar de acuerdo con el agresivo calendario que persigue el liderazgo del partido tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Representantes.
Desde Citi, su economista jefe, Andrew Hollenhorst, estima que sigue siendo probable la aprobación de un proyecto de ley de reconciliación significativo, "pero las declaraciones de Manchin aumentan el riesgo en torno al tamaño y el calendario, ya que se necesitan los 50 votos en el Senado para aprobar esta legislación", recuerda. Precisamente esta es una de las razones por las que el paquete de medidas podría recortarse, tal vez hasta 1,5 billones de dólares, una cifra que se podría financiar con la subida del impuesto de sociedades.
Las rencillas demócratas traban la agenda económica de Biden
Además de la reconciliación presupuestaria, en los próximos 27 días el Congreso debe abordar un posible cierre del gobierno así como aprobar el proyecto de ley de infraestructuras bipartidista, que incluye 550.000 millones de dólares en gasto adicional. La Cámara de Representantes podría, en teoría, proceder a la votación a través de un proyecto de ley de reconciliación partidista, pero si Manchin no se compromete a votar a favor en el Senado será difícil para la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, pueda tranquilizar a los progresistas.
