Valencia
Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local.
Los datos hablan por si solos. Apenas 1.879 municipios iniciaron el año 2019 con el presupuesto aprobado, lo que supone que el 69% de los consistorios no cumplió con la regulación de las Haciendas Locales que establece el deber de aprobar los presupuestos antes del inicio del ejercicio. Una realidad que según destaca en su informe el propio Tribunal de Cuentas "implica la utilización de manera habitual de la figura de la prórroga presupuestaria".
El organismo fiscalizador va más allá al considerar que esta práctica resulta perjudicial para la propia eficacia y eficiencia de los presupuestos como herramienta de gestión pública. "Esta situación pone de manifiesto el incumplimiento generalizado de la función del presupuesto como instrumento de planificación, de gestión y de control de la actividad económico-financiera de la entidad local", señala el informe del Tribunal de Cuentas.
El retraso medio en la aprobación del presupuesto del ejercicio 2019 se situó en 126 días en el caso de los ayuntamientos y 133 días en el conjunto de las entidades públicas locales, que incluye también diputaciones y cabildos. Es decir, "transcurridos más de cuatro meses del año para el cual fueron aprobados", según destaca el documento. La mayoría de los municipios resolvieron esa situación en el primer semestre del ejercicio, según recoge el informe, aunque algo más de un centenar no han informado al organismo sobre su aprobación.
Gasto ejecutado
El presupuesto de gasto total de las entidades locales recopiladas por el Tribunal de Cuentas, que no incluye las del País Vasco y Navarra dentro de sus competencias, se situó en 44.002 millones de euros. Sin embargo, según el propio informe durante se incrementó un 33% con las modificaciones presupuestas introducidas durante el ejercicio, hasta 58.438 millones.
En la práctica, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos ejecutaron el 78% de su presupuesto total según las liquidaciones del ejercicio 2019, por un total de 45.352 millones. Una cifra que las entidades locales incrementaron en su conjunto respecto al año anterior en un 5% y que supone un 10% más que en 2017. Una tendencia al alza que según el informe se mantiene desde 2014, cuando se dio un giro a la contención del gasto que consistorios y diputaciones mantenían desde 2010.
En el caso de la deuda, los datos del organismo fiscalizador revelan una reducción generalizada desde 2017. Así, al cierre de 2019 el volumen total de endeudamiento financiero de las entidades locales se situaba en algo más de 16.100 millones de euros. Un importe que supone un recorte del 11% respecto al año anterior, tras un descenso de otro 10% en 2018.
Ciudades sin fiscalizar
En su informe el Tribunal de Cuentas refleja que más de la cuarta parte de las entidades locales no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al Tribunal de Cuentas en los plazos estipulados. Un 62% de esas entidades presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021 -ampliado por la excepcionalidad de la pandemia-, un porcentaje que se incrementó al 73% en abril.
Aunque esos porcentajes suponen una mejoría respecto a los del año anterior y un cambio de tendencia, existe una clara diferencia entre las Comunidades Autónomas en las que su legislación incluye excluir a las entidades que no aportan información de las ayudas y subvenciones públicas de las que no contemplan ninguna sanción. Así, los organismos locales más cumplidores son los de Comunidad Valenciana (97%), Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%), precisamente donde se prohibe acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.
En el otro lado se encuentran Andalucía, donde apenas el 45% de las entidades locales remitió sus cuentas antes del 7 de abril, y Murcia, donde lo hicieron el 52%.
Ese fue el caso de ocho ayuntamientos de más de 100.000 habitantes que no presentaron la información antes de esa fecha. Entre las mayores por población se encuentran las Palmas de Gran Canaria, Badalona y Getafe, que finalmente enviaron antes del 22 de julio sus cuentas. El resto son ciudades también andaluzas: Jerez, Huelva, Cádiz, Marbella y Jaén, que según el Tribunal de Cuentas es reincidente ya que es una de las mil entidades que no ha presentado las cuentas en tiempo y forma en los últimos tres años.
En el caso de las diputaciones provinciales, tres organismos andaluces -Málaga, Almería y Cádiz-, también copan la mayoría de las cinco corporaciones que no presentaron cuentas en el plazo legal.
