
El Gobierno ya está negociando con la Comisión Europea alargar los plazos para poder desembolsar uno de los instrumentos que creó para tratar de combatir la falta de solvencia en el tejido empresarial más golpeado por la pandemia.
Se trata del fondo para la recapitalización de medianas empresas de 1.000 millones de euros que encomendó a Cofides para reforzar a empresas con un negocio de entre 15 y 400 millones mediante fórmulas como los préstamos participativos.
Según explicó el presidente de Cofides, José Luis Curbelo, aún no está claro el plazo para ejecutar esa inversión. "En teoría, todos los apoyos de este fondo quedan dentro del marco temporal de ayudas de Estado y por ello tiene que ser visado y regulado por la Comisión Europea, que exige que estos fondos se inviertan antes del 31 de diciembre de este año". Sin embargo, España y otros Estados miembros han mostrado su preocupación por ese límite temporal.
Curbelo señaló que "existen conversaciones a nivel europeo para la extensión del periodo en que se pueden hacer las inversiones, pero todavía no hay una decisión positiva de la Comisión". Aunque se mostró optimista sobre la decisión final de Bruselas de extenderlo, señaló que "a día de hoy, a 31 de diciembre tiene que estar invertido todo el fondo".
Hay que tener en cuenta que el plazo para que las empresas puedan solicitar estas ayudas de entre 3 y 25 millones para reforzar sus fondos propios arrancó el pasado 30 de junio, con lo que el plazo para tramitar, aprobar y desembolsar las operaciones sería de 6 meses, con el periodo estival por medio. Para seleccionar las empresas que recibirán estos fondos Cofides ha licitado la asignación de ratings y el análisis de los planes de negocio y viabilidad con 15 firmas especializadasy despachos de abogados.
Las beneficiarias de la solvencia
Curbelo, que ayer participó en el 4º Congreso Nacional de CFO organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Valencia, señaló que el fondo se ha concebido para llegar a cerca de 14.000 empresas medianas que pese a representar apenas un 0,4% del tejido empresarial aportan el 7% del PIB y cerca del 17% del empleo, con una especial incidencia en otros colectivos como los autónomos.
Pese a que el fondo puede tomar participaciones en el accionariado, Curbelo considera que la petición de entrada en el capital será minoritaria y la principal demanda se centrará en híbridos y préstamos participativos, con un máximo de 8 años.
Precisamente una de las principales conclusiones del encuentro que reúne a 1.200 directores financieros de toda España fue la necesidad de clarificar la ejecución de los fondos europeos para la recuperación, por su importancia para financiar los proyectos de sostenibilidad y digitalización de las empresas.