
El Gobierno ha aceptado la exigencia de buena parte de la oposición de tramitar como proyecto de ley el decreto de medidas laborales orientadas a frenar la escalada del paro y a incentivar el crecimiento del empleo. Este cambio implica que es susceptible de ser modificado, cosa que el Ejecutivo quería evitar.
Por segunda vez en lo que va de mes, el Gobierno se ha visto obligado a aceptar en el pleno del Congreso que un real decreto de medidas urgentes -en este caso, para fomentar el empleo- sea tramitado como proyecto de ley al que los grupos podrán presentar enmiendas.
El pleno ha convalidado hoy el real decreto de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección a las personas desempleadas, con el apoyo del PSOE, CiU, CC y BNG, pero los socialistas se han tenido que sumar a la petición de varios grupos para que este paquete de medidas urgentes se tramite como proyecto de ley.
Si la primera votación, la de convalidación, ha contado con el apoyo de 184 diputados frente a los 162 que se han opuesto, la segunda ha recibido el respaldo unánime de la Cámara.
El PSOE negociaba ayer los apoyos para convalidar hoy en el Congreso el citado decreto pero buena parte de la oposición, especialmente los nacionalistas de CiU y los independentistas de ERC, exigían como condición sine qua non que la medida se tramitase después como proyecto de ley, lo que supone abrir un plazo de presentación de enmiendas y la posibilidad de que se introduzcan modificaciones.
A salvo de cambios
El Gobierno no quería que su decreto, diseñado sin el consenso de patronal y sindicatos, se tramitase como un proyecto de ley susceptible de incorporar enmiendas. El PSOE, sin una mayoría parlamentaria clara, no tendría capacidad de controlar, lo que podría derivar en una auténtica reforma laboral al margen del diálogo social. Además, los sindicatos habían pedido que el decreto se aplicase con su actual redacción, sin opción a cambios "indeseables".
Sin embargo, la falta de apoyos suficientes para convalidar el decreto con tranquilidad y para evitar su tramitación como proyecto de ley ha acabado por obligar al Gobierno a variar su posición.
Los socialistas culpan a ERC, con quien hasta ayer contaban para rechazar la tramitación como proyecto. De hecho, sus compañeros de grupo de IU-ICV ya habían anunciado su voto en contra de la discusión del decreto como proyecto para no trasladar al Parlamento el diálogo social que, en su opinión, corresponde a los agentes sociales.
Al aceptar la tramitación como proyecto de ley, lo que mantendrá la medida en las Cortes hasta noviembre, el PSOE se ha garantizado una mayoría clara para sacar adelante hoy la convalidación del decreto-ley en el Pleno del Congreso.