El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró hoy que "no contempla" el fracaso del diálogo social, pues todas las partes han declarado su voluntad de seguir con él, pese a que el reciente Decreto Ley sobre medidas para el empleo, cuya convalidación se discutirá el jueves en el Congreso, fue aprobado por el Gobierno sin el acuerdo de los agentes sociales.
Así pues, el Gobierno "no tiene ningún plan B" alternativo al diálogo social, ni tampoco aprobará ninguna reforma laboral que no haya pasado previamente por el diálogo con empresarios y sindicatos, según dijo durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso para dar cuenta de la evolución del proceso del diálogo social iniciado en julio de 2008, en la que se dedicó buena parte de sus cuatro horas de duración a debatir el Real Decreto de apoyo al empleo y la protección de los desempleados.
"El diálogo social sigue vivo y con muchas de sus tareas aún por hacer", sentenció Corbacho antes de precisar que, en adelante será preciso caminar hacia la consecución de nuevas medidas de carácter estructural. "Se abre ahora, sin solución de continuidad, una nueva fase en el diálogo social para los próximos meses, que debe dirigirse a la discusión de cuestiones de carácter más estructural, que permita sentar las bases para salir de la crisis en la mejor posición para crear y mejores empleos", indicó.
Concretamente, Corbacho avanzó que las líneas abiertas en el diálogo social se refieren a la mejora de los Servicio Públicos de Empleo, la adecuación de políticas activas, la revisión de la formación para el empleo o el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo y cuestiones relacionadas con el absentismo.
Por otro lado, puso en valor la parte "no visible" del diálogo social que, por ejemplo, ha estado presente en el acuerdo en el seno de Seat, que ha finalizado con una congelación salarial en 2009 a cambio de mantener la producción de sus plantas en Cataluña.
Finalmente, hizo un alegato para que las cuestiones relacionadas con el diálogo social no formen parte de la agenda de debates parlamentarios, y se le deje caminar imponiendo su propio ritmo.
Ademas, propuso que todas las fuerzas alcancen un acuerdo "lo más amplio posible para sumar esfuerzos para salir cuanto antes de la crisis", en paralelo a otro entre las administraciones públicas para crear una gran red de solidaridad en la aportación de recursos enfocada a combatir los casos de exclusión social.
Decreto Ley o proyecto de Ley
Por otro lado, Corbacho precisó que hay que adoptar otras medidas "de coyuntura, a corto plazo y urgentes", como son las recogidas en el Real Decreto Ley de medidas de apoyo al empleo, cuya ratificación se debatirá el próximo jueves en la Cámara Baja.
Al respecto, Corbacho mostró "plena confianza" en que será convalidado "ampliamente", e incluso adelantó que contará con el apoyo del PP, CiU y PNV, si bien admitió que la discusión "estará abierta" a la hora de decidir si se debe tramitar o no como proyecto de Ley, una opción que rechaza el Gobierno, pero que apoyan tanto CiU como PP.
En favor de su tramitación como Real Decreto Ley, argumentó que se trata de medidas de carácter urgente y que muchas de ellas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 , pero que si se tramitaran como proyecto de Ley no verían la luz hasta "dentro de ocho o diez meses". "De ahí viene la urgencia de que se tramite como un Real Decreto Ley", aunque dijo que si las Cortes deciden que se siga otro procedimiento, el Gobierno seguirá "trabajando y colaborando" en él.
Según parte de los grupos, la convalidación del Real Decreto está prácticamente asegurada y se produciría por mayoría con la única excepción de IU, que según su portavoz en la Comisión, Gaspar Llamazares, podría abstenerse o votar en contra.
Una de las medidas más discutidas fue la bonificación de contratos indefinidos a partir de la prestación por desempleo de los trabajadores, por cuanto podría suponer una discriminación respecto a aquellos que no han tenido oportunidad de generar esta prestación.
Corbacho reconoció que, efectivamente, existe una "discriminación positiva", si bien avanzó que "en la medida en que tuviera éxito", con el ahorro en prestaciones que supondría, se podría "pensar" en una "medida paralela" para el colectivo que no ha trabajado anteriormente.
Asimismo, indicó que esta medida no supone "recomprar" el contrato de trabajo, como indicó el portavoz de ERC, Joan Tardá. "La medida no compra nada", precisó para añadir que supone transformar una política pasiva, que es un gasto de la Seguridad Social, en activa. Por otro lado, Corbacho indicó que, si bien algunas medidas como ésta pueden parecer ayudas a las empresas, el Gobierno siempre toma decisiones dirigidas "a proteger y potenciar no a la empresa, sino al tejido productivo".
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