Valladolid
En pleno debate sobre el supuesto dumping fiscal de las autonomías con menor presión tributaria, Castilla y León marcaba la pauta hace unos días con la presentación de su Presupuesto para 2021, en el que, sin subida de impuestos, crece el gasto social para afrontar la pandemia y aumentan las inversiones y las ayudas a las empresas para reactivar la economía.
"Muchos años de comportamiento responsable nos sitúan en un escenario de deuda 2,9 puntos de PIB por debajo de la media y nos podemos permitir recurrir a un déficit del 1,1%", señalaba el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
La capacidad de endeudarse permitirá que la Comunidad disponga el próximo año del presupuesto "más ambicioso" de su historia al alcanzar los 12.291,4 millones de euros, un 13,19% respecto al último aprobado en 2018.
"Escudo económico y social"
Unas cuentas que, según el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, están diseñadas para afrontar la pandemia generada por la Covid-19, apostar por una recuperación económica y social "sostenida, creíble y duradera" y avanzar en la "modernización de Castilla y León en todos los ámbitos. Son el escudo económico y social para superar la pandemia y afrontar el futuro", aseguró el dirigente regional durante su presentación.
La deuda pública aportará 1.423 millones de euros, con un crecimiento del 2,29% respecto a 2018, si bien los intereses disminuyen un 14,68% al suponer 239 millones de euros, con un ahorro de 40 millones. "Castilla y León es la Comunidad, según distintos informes, más solvente, y eso nos permite acudir a los mercados para obtener financiación barata e incluso con tipos de interés negativos", añadía Carriedo.
La amortización de la deuda crece sin embargo un 6,57% hasta los 1.184 millones y supone ya un 11,7% del gasto total. Una situación que Carriedo reconoce que no es sostenible en el tiempo. "Lo razonables es que en un escenario de superación de la pandemia volvamos a la estabilidad presupuestaria para reducir el déficit público".
Las tres consejerías sociales -Sanidad, Educación y Familia- acaparan casi el 80% del gasto no financiero. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, un 18,16% más que en 2018 (1.200 millones). Los recursos asignados a estas tres consejerías representan el 13,5% de la riqueza autonómica.
Aunque ha tenido que posponer su promesa de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones este año, Alfonso Fernández Mañueco ha mantenido su compromiso de no subir los impuestos a familias, autónomos y pymes. En el medio rural, incluso, se bajan las tasas veterinarias y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para emprender negocios, que se suman a los beneficios fiscales vigentes para ahorrar 336,37 millones a más de 155.000 familias.
El apoyo al tejido productivo se concreta en casi 123 millones de euros en ayudas directas, más de 32 millones en apoyos financieros para facilitar créditos blandos por importe de 1.150 millones y 15 millones en suelo industrial. A dinamizar el mercado laboral se destinan 345,46 millones, con un crecimiento del 11,15%.
Las operaciones de capital retoman el pulso para ejercer de palanca de reactivación de la economía. Crecen un 17,8% hasta los 1.595,4 millones, de los que 674,8 millones serán inversiones reales y 920,5 transferencias de capital, un incremento que es mayor que el de las operaciones corrientes, que aumentan un 14,12%. Las transferencias de capital escalan un 25,37%, mientras que las inversiones reales lo hacen un 8,94%.
La I+D+I supera el 3%
Las cuentas reservan 296 millones para políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24% y cuyo peso supera ligeramente el 3% del gasto no financiero de las consejerías. Destaca el avance del 75% en los fondos destinados a la innovación, al tiempo que se hace un especial esfuerzo en las inversiones en telecomunicaciones con 5 millones consignados para la extensión de la banda ancha en zonas rurales.
Suprimir Sucesiones
Carlos Fernández Carriedo marca distancias con la política fiscal del Gobierno de la Nación: "Aquí se congelan o bajan los impuestos, mientras en España se sube el IVA sobre el azúcar y la remolacha, el impuesto al diesel o el Impuesto de matriculación", afirmó.
El titular de Economía reconoció compartir las demandas de la patronal Cecale, crítica con el mantenimiento del Impuesto de Sucesiones. "A nosotros nos hubiera gustado también eliminarlo, pero algunas de las cosas que teníamos previsto para 2021 las hemos tenido que retrasar por el impacto del coronavirus porque tenemos cosas muy urgentes como incrementar un 22% el gasto sanitario para luchar contra la pandemia o hacer crecer un 15 por ciento el gasto educativo para desdoblar las aulas".
Sin embargo, añadió que "lógicamente vamos a cumplir los compromisos adquiridos pero hay que comprender que si en un lado de la balanza se nos pone eliminar el Impuesto de Sucesiones y en el otro no dotar los recursos imprescindibles contra la pandemia damos prioridad a la lucha contra la enfermedad".
Carriedo defendió el "realismo" de unas cuentas que recogen unas previsiones de ingresos que la AIREFavala.
El presupuesto estima una recuperación progresiva de la actividad económica en 2021 que, si bien no logrará alcanzar el nivel perdido en este año (-10%), empujará el Producto Interior Bruto (PIB) a un crecimiento del 7,5 %, frente al 7,2 % estimado para la economía española. Las previsiones indican que el empleo crecerá el 2,8 % y la tasa de paro se situará en el 13,9 %, tres puntos por debajo de la media española.
Menos ingresos
Las cuentas autonómicas, que no incorporan los fondos europeos del Plan de Recuperación de la UE al no haberse distribuido aún, revela que el 60,1% de los ingresos proceden del modelo de financiación autonómica y ascienden a 7.392,6 millones de euros, 170 millones menos que en este ejercicio.
En segundo término figuran los ingresos por los tributos propios, de gestión autonómica, que aportan 703 millones, el 5,7% del total, pero que también descienden un 7% en este caso respecto a los de 2018 por la brusca ralentización económica.
