El Ministerio de Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutirición (AESAN), ha sacado a consulta pública este martes un proyecto de real decreto para obligar a instalar cámaras de videovigilancia en todas las instalaciones de sacrificio animal.
La futura norma, que incluirá a pequeños mataderos y mataderos móviles, regulará todos los servicios de videovigilancia en mataderos e incluirá normativa sobre los lugares donde se deben instalarse las cámaras, garantizando la privacidad de trabajadores y trabajadoras.
Además, el real decreto contemplará los procesos y tiempos en los que habrá que guardar las imágenes y sonidos e indicará será el procedimiento de puesta en conocimiento de la autoridad las posibles infracciones detectadas.
Consumo constata que se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en relación con el bienestar animal
Consumo constata que se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en relación con el bienestar animal
Otros países europeos como Francia, Alemania y Escocia ya cuentan con protocolos similares de vigilancia en mataderos, puesto que la Unión Europea lo permite en su normativa.
En España, la normativa comunitaria y estatal regulan de forma estricta los marcos de seguridad alimentaria, bienestar animal y la interrelación entre ambas a través de las autoridades competentes y el Servicio Veterinario Oficial, quienes vigilan las instalaciones de mataderos. Pero, a pesar de la estricta normativa y la vigilancia continua, el Ministerio afirma que se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en relación con el bienestar animal.
Según indican desde el Ministerio que dirige Alberto Garzón, Consumo y AESAN "pretenden garantizar así el cumplimiento de los estándares de bienestar animal, seguridad alimentaria e higiene", destacando la salud animal "como parte imprescindible de la salud humana y global, y en su relación con la cría y el sacrificio de animales destinados al consumo".
Además, desde Consumo recuerdan que la mejora de la protección de los animales en el momento del sacrificio "contribuye a mejorar la calidad de la carne y tiene un efecto positivo indirecto en la seguridad laboral en los mataderos".
Derecho a un consumo responsable
Pero la norma también busca reforzar a los consumidores, que cada vez demandan más información sobre los productos alimenticios y esto, indican, incluye las condiciones de los animales y la transparencia del sistema de producción: "Hay una creciente sensibilidad hacia la protección de los derechos de los animales en nuestro país. Por ello, pretende garantizar el derecho de las personas consumidoras a ejercer un consumo responsable", subrayan desde Consumo.
Consumo asegura contar con el apoyo de organizaciones en defensa de los derechos de los animales como EQUALIA o Fundación Franz Weber, sindicatos como CCOO o la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), empresas de la industria cárnica como El Pozo o Grupo Amaro, cadenas alimentarias como Carrefour y organizaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras como FACUA.
Según datos aportados por el Ministerio, en España en 2019, el sacrificio anual de ganado porcino se situó en casi 53 millones de animales. En el sector avícola, la cifra supera los 828 millones de aves sacrificadas; en el sector bovino, se situó en 2,5 millones de animales; y en el cunícola la cifra ascendió por encima de los 41,4 millones. Los sectores ovino, caprino y equino se situaron en 544.000, 94.800 y 38.000 animales sacrificados, respectivamente.
