El Estado perdería dinero si se decide a aplicar un IVA del 21% a la sanidad y la educación privada. Ese es el análisis que la AIRef le hizo al Ministerio de Hacienda en junio de 2019 pero que a pesar de los números el Gobierno se ha planteado incluirlo en el borrador de presupuestos. Aplicar el tipo máximo de este impuesto generaría unos ingresos de 1.763 millones de euros en el caso de la sanidad y de 1.694 en el caso de la educación. Sin embargo, las provisiones que calcula la autoridad fiscal que se tendrían que hacer en el sistema público para cubrir el trasvase de personas desde el ámbito privado al público serían de 2.145 millones en el caso de la sanidad y de 1.891 (que incluso podrían llegar a 2.161) para la educación. Es decir, el Estado perdería 579 millones que incluso podrían llegar a 849.
Así de tajante se mostró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre los supuestos beneficios económicos. "De levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público", explican. Es decir, desde el punto de vista económico sería un incremento del gasto.
Sin embargo, hay un matiz que hay que tener en cuenta. La recaudación del IVA sería tanto para el Gobierno central como para las comunidades autónomas, al 50%. Sin embargo, el incremento en el coste de provisión sería íntegramente soportado por las comunidades autónomas, ya que las competencias sanitarias y educativas están transferidas. La excepción serían las autonomías con régimen foral (País Vasco y Navarra), que recaudarían el IVA al completo.
El incremento del gasto público viene justificado por los 8 millones de asegurados directos de la sanidad privada, ya muchos podrían abandonar este servicio por la subida de costes. Al ocurrir esto, el Estado estaría obligado a mejorar el sistema público para asegurar el mismo servicio con un número mayor de pacientes. Cabe recordar que la Sanidad privada lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones), registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. Además, queda una pregunta por responder en el caso de la sanidad. ¿Qué pasaría con Muface y el resto de mutuas? La AIReF no los analiza porque entiende que la eliminación de la exención no supondría un desvío de pacientes.
Por otro lado, algunos sectores de la sanidad privada aseguran que se encuentran tranquilos. Fuentes del sector explican que han tenido contacto con personas vinculadas a las negociaciones y aseguran que, por lo que se les ha trasladado, el impuesto no se verá reflejado. Con todo, también muestran cautela.
