Economía

El FMI exige transparencia y fecha de expiración al gran papel público en la guerra contra el coronavirus

  • La emergencia actual "justifica una mayor intervención del sector público"
  • Las grandes empresas que reciban ayuda pública deben limitar la compensación de directivos así como los dividendos
Nueva York

El Fondo Monetario Internacional señala como la pandemia de COVID-19 es una crisis como ninguna otra. "Es como una guerra, y en muchos sentidos lo es", determina la institución en un nuevo blog publicado el miércoles.

Según relatan los funcionarios del Fondo, la gente se está muriendo, los profesionales médicos están en primera línea de batalla y aquellos empleados en servicios esenciales, distribución de alimentos, entrega y servicios públicos trabajan horas extras para apoyar el esfuerzo.

Sin embargo, la institución pone de manifiesto que en esta crisis, las cosas son más complicadas, aunque la característica común es un mayor papel para el sector público. En este sentido distingue dos fases, la guerra en sí contra la pandemia y la recuperación posterior.

En lo que se refiere a la primera, para salvar la vida de las personas, las medidas de mitigación están restringiendo severamente la actividad económica. El FMI espera que esto dure al menos uno o dos trimestres. Por su parte, en la "posguerra" el éxito del ritmo de recuperación dependerá fundamentalmente de las políticas tomadas durante la crisis.

"Si las políticas aseguran que los trabajadores no pierden sus empleos, los inquilinos y propietarios no son desalojados, las empresas evitan la quiebra y se mantienen las redes comerciales, la recuperación ocurrirá pronto y sin problemas", determinan desde Washington. La organización multilateral liderada por Kristalina Georgieva, considera clave el alcanzar al menos tres objetivos.

Por un lado, garantizar el funcionamiento de sectores esenciales. Mantener la atención médica regular, la producción y distribución de alimentos, la infraestructura esencial y los servicios públicos puede implicar acciones intrusivas por parte del gobierno para proporcionar suministros clave mediante el recurso a poderes de guerra con la priorización de contratos públicos para insumos críticos y bienes finales, conversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.

Por otro se deben proporcionar recursos suficientes para las personas afectadas por la crisis. El apoyo debe ayudar a las personas a quedarse en casa mientras mantienen sus trabajos. Los subsidios por desempleo deben ampliarse y extenderse además de proporcionar ayudas directas de efectivo a los autónomos y a quienes no tienen trabajo.

Finalmente se debe evitar en la medida de lo posible la interrupción económica excesiva. En este sentido, las políticas deben salvaguardar la red de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, para que los negocios puedan reanudarse en serio cuando la emergencia médica disminuya.

De acuerdo al FMI, ya se han implementado grandes programas de préstamos y garantías y la Unión Europea ha facilitado las inyecciones directas de capital en las empresas al relajar sus normas de ayuda estatal. "Si la crisis empeora, uno podría imaginar el establecimiento o la expansión de grandes compañías estatales para hacerse cargo de empresas privadas en dificultades, como en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión", reconocen los economistas de la institución.

Para el Fondo, la emergencia actual "justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan circunstancias excepcionales, pero debe proporcionarse de manera transparente y con claras cláusulas de expiración", recalca.

En sus recomendaciones finales aboga por políticas de apoyo a los hogares, las empresas y el sector financiero que incluyan una combinación de medidas de liquidez (provisión de crédito, aplazamiento de obligaciones financieras) y medidas de solvencia (transferencias de recursos reales). También incide en que si se otorgan ayudas o préstamos subsidiados a una gran empresa, deben estar condicionados a preservar los empleos y limitar la compensación de los consejeros delegados y directivos así como los dividendos.

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