Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció este martes que si se impone el criterio de la Inspección de Trabajo sobre el equipo de 28 becarios con el que cuenta en Presidencia -el organismo ha instado a que se dé de alta a estos trabajadores de forma automática al considerar su situación "un claro y evidente fraude de ley y abuso de derecho"-, su departamento cortará por lo sano y dejará de ofertar estas prácticas. "Si ese no es el camino, a partir del año que viene no habrá becas", afirmó el dirigente al ser preguntado al respecto en Alicante.
El presidente valenciano, sin embargo, indicó que la Generalitat recurrirá previamente la decisión de la Inspección de Trabajo. "Los Servicios Jurídicos piensan que no se ha hecho incorrectamente", justificó para anunciar que "se recurrirá". "En cualquier caso, es una cuestión que ha servido a muchos jóvenes periodistas para estar ejerciendo en estos momentos en muchos medios", agregó el mandatario en declaraciones recogidas por Europa Press.
Como informó este diario, Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a los 28 becarios al considerar que se trataba de "falsas becas" en las que los jóvenes asumían funciones como un trabajador más, en ocasiones incluso en las que asumían las funciones de un departamento completo. Así lo reveló este lunes el sindicato CCOO-PV, quien presentó la denuncia que motivó la inspección tanto en el departamento del socialista Ximo Puig como en varias de sus consellerias -donde la resolución de la Inspección está todavía por llegar-.
El acta de inspección de trabajo, según precisó CCOO-PV, se refiere concretamente a la situación de los becarios de cuatro departamentos de Presidencia: el de publicidad e imagen (que funciona con 8 becarios y cuatro funcionarios, según el sindicato), el gabinete de prensa del presidente Ximo Puig, el área de redes sociales (en este caso operado solo por becarios), y también el departamento de audiovisuales.
El proceso habitual es que tras estas resoluciones de Inspección de Trabajo se produzca una sentencia condenatoria contra la administración que la obligue a contratar al personal como "laboral indefinido no fijo". Ante este supuesto, CCOO-PV explicó que los trabajadores pasarían de percibir una retribución bruta de 1.069 euros a una de alrededor de 2.700 euros mensuales, teniendo en cuenta las pagas extraordinarias. Como es obvio, podrían reclamar a su vez las cotizaciones por todo el periodo de la beca así como su derecho al paro.
Si se producen estas sentencias, la Generalitat Valenciana, en consecuencia, tendría que elegir entre crear puestos de trabajo para estos empleados o despedirlos con la correspondiente indemnización (tendrían derecho, al menos, a la mínima de 20 días por año trabajado). A su vez, como deslizaba Puig, debería tomar una decisión de cara el futuro, que según el presidente no pasará por normalizar el sistema para cumplir con la normativa, sino por suprimir de forma tajante las prácticas.
"Fraude de ley y abuso de derecho"
El acta se pronuncia de forma muy contundente contra el régimen laboral de estos jóvenes. "Se puede concluir que existen datos más que suficientes para afirmar que ha existido un claro y evidente fraude de ley y abuso de derecho demostrado por Presidencia de la Generalitat Valenciana", asevera en la conclusión del informe, facilitado por la organización sindical.
El dictamen agrega que "en la realización de esta 'supuesta' beca no laboral Presidencia ha venido a cubrir una actividad ordinaria y una necesidad de mano de obra", y que además los becarios ejercían estas funciones "de forma casi exclusiva por las tardes y fines de semana" sin que estas estuvieran "temporalmente limitadas ni vinculadas a una franja horaria"
"El acta considera un fraude las becas que ofrecía la Generalitat y supone el alta automática en la Seguridad Social de estos trabajadores, que solo podrán ser contratados e indemnizados cuando exista una sentencia firme", explicó Ana García, responsable de Formación y Empleo del sindicato. La resolución sobre estos trabajadores equipara su caso al de 8 becarios de la Diputación de Valencia y al de uno más del Archivo del Reino de Valencia.
"En definitiva, mediante la realización de una serie de actos aparentemente legales -como es la publicación de las bases y de las convocatorias citadas, se persigue un resultado antijurídico, cual es la provisión de auténticos y verdaderos puestos de trabajo que debería haber sido cubierto mediante fórmulas de contratación laboral o funcionarial", asevera el acta.
