Desde 2006, la Oficina de Conflictos de Intereses ha emitido 525 autorizaciones posteriores para la reincorporación al sector privado (algunos altos cargos solicitaron autorización para varios puestos simultáneos en el sector privado durante el período de reflexión) y solo ha rechazado 11 solicitudes.
Así se detalla en el informe de la Quinta ronda de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), aprobado en junio de 2019, en el que se razona que "con un índice de autorización del 98 por ciento en más de una década y muy pocas sanciones por el incumplimiento de los requisitos de las puertas giratorias, surgen dudas sobre si esta situación es el resultado de situaciones no incompatibles o más bien un sistema laxo de autorizaciones y la necesidad de un control más eficaz por parte del organismo de supervisión".
Explica el informe que, incluso, los medios de comunicación han revelado en varias ocasiones la existencia de una relación directa entre la actividad realizada por el alto cargo durante su mandato y las nuevas competencias adquiridas después en el sector privado, incluso durante el período de incompatibilidad -cláusula de cooling-off-; lo mismo subraya que ocurre con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
También destaca que el Tribunal de Cuentas ha señalado deficiencias en el tipo de control que la Oficina de Conflictos de Intereses ha llevado a cabo en el pasado, lo que supone "un enfoque formalista que no ha ido más allá de la supuesta buena fe del alto cargo". Para el Greco se trata de signos preocupantes que requieren una mayor intervención, por lo que es preciso mejorar el régimen de supervisión y responsabilidad que se aplica a los empleos posteriores al cese en la Administración Pública.
Por si no le pareciera mala la situación, el Greco añade en su informe que a medida que evoluciona la aplicación de la ley, pueden detectarse nuevos ámbitos que necesiten una regulación adicional. Aunque considera que las normas son estrictas y detalladas en el papel, el problema es que, en el intento de examinar algunos casos específicos de manera exhaustiva, algunos otros se dejan sin atender. En consecuencia, considera conveniente revisar y adaptar algunos aspectos de la normativa sobre puertas giratorias. Así, por ejemplo, señala que la cláusula de cooling-off solo se refiere a la inhabilitación temporal para el empleo, pero no aborda la cuestión de la abstención de la participación en determinados casos o ámbitos relacionados con las esferas de competencia del alto cargo durante el desempeño del puesto.
Incluso la inhabilitación temporal para el empleo considera que deja margen para eludir el espíritu de la ley, por ejemplo, en situaciones en las que el alto cargo puede que no esté trabajando para una empresa que se haya visto afectada por decisiones en las que ha participado, sino para un tercero en su nombre, como un grupo de interés o un bufete de abogados, en casos en los que el alto cargo no está en nómina de la empresa privada, las fundaciones de las empresas, etc.
Las puertas de ida y vuelta
Las zonas de riesgo complementarias también pueden surgir en el futuro -por ejemplo, las puertas giratorias de ida y vuelta- restricciones para los que entran en la Administración Pública, no desde la función pública o partidos políticos, sino del sector privado). Por último, el hecho de que los asesores no estén sujetos actualmente a los requisitos de la Ley 3/2015 ni a ningún otro requisito a este respecto (el Derecho de la función pública no abarca esta cuestión) es también particularmente problemático.
Así, por ejemplo, el Portal de Transparencia informa de que José Luis Urcelay, segundo jefe de Estado Mayor de la Armada, cesado en agosto de este año, ha sido autorizado para ejercer servicios de consultoría y asesoramiento en Abengoa y en Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad, así como en Oesia, desde los pasado meses de septiembre y octubre, que ha recibido las correspondientes autorizaciones.
Y, concluye este aspecto de sus críticas el Greco, explica que algunos partidos políticos han abogado por cambios legislativos específicos, como un régimen de sanciones modificado -incluida la responsabilidad penal o la imposición de sanciones pecuniarias agravadas-), o para la ampliación del período de incompatibilidades sobre la base del análisis de riesgos. Sin concluye que sin embargo, el consenso político al respecto parece muy poco factible en la actualidad.
Un supervisor sin medios
Sobre la lucha contra la corrupción, el Greco afirma que "las iniciativas adoptadas hasta la fecha, aunque dignas de mención, son más bien un enfoque poco sistemático acelerado por la indignación pública; no se basaron en ninguna evaluación de riesgos previa y no forman parte de una estrategia específica".
Así, denuncia que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que los ciudadanos pueden solicitar información sobre los altos cargos e instituciones del Estado, se enfrenta a los recursos contencioso-administrativos presentados por la Administración contra las decisiones que adopta.
Y destaca que, dado que los organismos de la Administración Pública están representados por abogados del Estado, el Consejo ha tenido que pagar los honorarios de abogados privados para defender sus asuntos, lo que añade una carga financiera adicional a sus ya escasos recursos.
El Consejo, hasta finales de 2018 había afrontado el coste de contratar a abogados privados por un total de 287.000 euros. El Consejo no tiene facultades sancionadoras y a veces los organismos públicos ni siquiera recurren ante los tribunales, sino que ignoran su voz.
