Motor

Las diez medidas que exige el RACE al Gobierno para reducir la siniestralidad

Coche accidentado. Foto: EFE

A lo largo de este verano, la siniestralidad en las carreteras se ha incrementado respecto al anterior. Tan solo en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 253 personas han perdido la vida en la carretera, 27 víctimas mortales más que en el mismo período del año pasado, lo que se traduce en un crecimiento del 12 %, según las cifras proporcionadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por ello, desde el Real Automóvil Club de España (RACE) han calificado estas cifras de graves y han pedido un Pacto Social así como el compromiso político real para reducir el número de accidentes mediante un decálogo de medidas clave:

Medida 1: Recuperar la inversión en infraestructuras, auditando su estado y plan urgente contra tramos de riesgo y puntos negros.

Medida 2: Promover e incentivar el uso de autopistas para derivar el tráfico de las vías convencionales, mucho más peligrosas.

Medida 3: Creación de un Plan Urbano de prevención de accidentes puesto que en las ciudades se producen el 61,6% de los siniestros viales.

Medida 4: Ampliación del Plan PIVE, incluyendo el vehículo seminuevo. Un coche moderno es más seguro, más eficiente y menos contaminante.

Medida 5: La seguridad no es un lujo, por lo que abogan por la reducción del 21% IVA en accesorios de seguridad y mantenimiento como pueden ser las sillitas de los niños, los cascos, las revisiones, etc.

Medida 6: Más educación vial y seguridad en los trayectos escolares, incluyendo el "Camino Escolar Seguro" con AMPAS y colegios. 

Medida 7: Plan urgente para combatir la accidentalidad de los usuarios vulnerables: motos, ciclomotores, bicicletas y peatones.

Medida 8: Aumento de las campañas divulgativas y de las acciones preventivas, involucrando a la sociedad civil y a las empresas. 

Medida 9: Promover e impulsar la formación, ya sea laboral o de reciclaje, para refrescar las técnicas de seguridad y conducción.

Medida 10: Por último, tratar la seguridad vial como una cuestión de Estado. Debe ser una prioridad al más alto nivel tanto de Gobierno como medios de comunicación o políticos.

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