Los responsables de Volkswagen en España podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 5 años y el grupo verse obligado además a devolver 100 millones de euros en ayudas del plan Pive si no quiere tener que pagar multas de hasta seis veces ese importe. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el fabricante alemán ha cometido, al menos, un delito de estafa, otro contra el medio ambiente y un fraude en las subvenciones e insta, por lo tanto, a que se admitan a trámite las querellas presentadas por Manos Limpias y la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen.
De acuerdo con el escrito que firma el fiscal Marcelo de Azcárraga, que va dirigido al titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia, el magistrado Ismael Moreno, "teniendo en cuenta que el uso de motores con baja afectación medioambiental es objeto de subvención pública para su fomento, el engaño también podría haber supuesto un desembolso injustificado del Erario Público".
La Fiscalía plantea la apertura de un proceso penal y exige al Ministerio de Industria, una vez se reciba el listado completo de los vehículos afectados, a que presente "un informe relativo al montante de las ayudas públicas concedidas para su adquisición".
Según fuentes del sector, consultadas por este periódico, las ocho ediciones del Pive han permitido desde 2012 la subvención de un total de 890.000 vehículos. De esa cantidad, las distintas marcas del grupo alemán -Volkswagen, Seat, Skoda y Audi- habrían conseguido beneficios para algo más de 100.000 coches con motores trucados. La marca aporta ayudas por mil euros y el Estado otro tanto. Estas mismas fuentes explican, no obstante, que al haber sido una ayuda que recibe el comprador y no la empresa, es muy complicado, jurídicamente, que se le pueda exigir ahora ese dinero al grupo. En cualquier caso, la Fiscalía insta al grupo a que detalle su organigrama en España y quién es el responsable, con requerimiento para la designación de una persona que la represente, así como abogado y procurador.
Industria aún lo duda
Hay que recordar que la empresa ya salió al paso sobre la posibilidad de devolver estas ayudas. Fue el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, el que señaló el pasado 1 de octubre que Volkswagen le había asegurado que el fraude de las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel no afecta a las de CO2 por las que recibieron ayudas del plan Pive al vehículo eficiente. "Esto es muy importante a los efectos de las ayudas que por planes de incentivos al vehículo eficiente se han dado. Esos planes tienen que ver con las emisiones de CO2 pero no con las NOX", afirmó entonces Soria.
"Pero lo que les hemos pedido es documentación acreditativa de que técnicamente eso es literalmente así. Hasta que no lo acrediten no podemos decir nada", apuntó. En todo caso, Soria reiteró que "jurídicamente estamos estudiando la devolución de esas ayudas pero teniendo en cuenta que se han dado directamente a los compradores, no a la fábrica".
Según la acusación de fraude de la Fiscalía, el grupo puede ser castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y una multa de seis veces el importe de las ayudas recibidas, salvo que la firma devuelva íntegro el dinero recibido más intereses, según recoge el Código Penal. Además, dejaría de recibir subvenciones de tres a seis años.
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