Madrid
El pasado martes 18 de junio la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó la toma en consideración del borrador de decreto de becas para el próximo curso 2019-2020, elaborado por el Gobierno en funciones, manteniendo el sistema variable de becas, con criterios como el rendimiento académico, introducido en el año 2013 por el Ejecutivo de Rajoy. El informe de la ponencia de este borrador ha contado con trece votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. El decreto establece los umbrales de renta y patrimonio familiar, así como las cuantías de las becas y ayudas al estudio.
El pasado miércoles 12 de junio, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Celaá, admitió que el actual sistema de becas y ayudas al estudio, heredado de los gobiernos del Partido Popular, no le gusta, pero ha justificado su prórroga para el próximo curso porque no cuenta con presupuesto para modificarlo.
En el texto aprobado, se pide que las cuantías de las ayudas vuelvan a los márgenes del real decreto de 2007, aprobado por el PSOE antes de la reforma de Wert. Proponen que gran parte de las mejoras vayan orientadas a ayudar a los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, y que la cuantía fija que reciben pase de los actuales 1.600 euros anuales a 3.500.
El informe del Consejo considera que es completamente necesario realizar un cambio en el sistema de becas, que después de la reforma Wert en 2012, se aleja de la igualdad. Proponen recuperar el complemento de desplazamiento: 192 euros para distancias de entre 5 y 10 kilómetros, 386 euros entre 10 y 30 kilómetros, 763 entre 30 y 50 kilómetros, y 937 para los estudiantes que tengan que recorrer más de 50 kilómetros. Además, también exigen una modificación de las cuantías ligadas a los resultados académicos.
La confederación de madres y padres de estudiantes CEAPA y los sindicatos CCOO, STES y UGT son los más críticos a este decreto y pidieron un cambio del modelo actual por la desigualdad de oportunidades a las que se enfrentaban los alumnos, además de exigir que las becas sean "un derecho subjetivo y que el alumnado no tenga que adelantar dinero". Familias y docentes reprochan al Ejecutivo que "el proyecto mantiene la incertidumbre sobre el importe que se va a recibir". Reclaman que se pueda eliminar el adelanto del dinero y que las becas y ayudas que se concedan sean inembargabless y tengan carácter subjetivo.
Ayudas a discapacitados
El Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) expuso varias enmiendas entre las que se encuentran incrementar en un 50 por ciento las cuantías de los alumnos con una discapacidad de entre el 33 por ciento y el 65 por ciento, y en un 100 por cien en caso de que sea superior al 65 por ciento.
El consejo del Consejo Escolar del Estado aprobó una enmienda presentada por la Confederación Estatal de asociaciones de Estudiantes (CANAE) para que la próxima convocatoria de becas y ayudas incluya un sistema de difusión para facilitar el conocimiento y la presentación de solicitudes por parte de los estudiantes. La organización estudiantil recordó los datos del informe Save the Children "Becas para que nadie se quede atrás" exponiendo que muchos estudiantes del umbral más bajo no presentan la solicitud y que solo un 10 por ciento de los alumnos de fuera de la Unión Europea reciben beca en España.
También se han aprobado otras enmiendas de esta organización como aumentar las cuantías fijas, incluir los desplazamientos, la actualización de los umbrales o las nuevas modalidades que permitan compatibilizar estudios y trabajo, entre otras.
Otra de las organizaciones que no está conforme con la propuesta de Real Decreto de Becas es el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), ya que se trata de un "modelo continuista, injusto e inflexible basado en tres umbrales de renta que todos los años deja fuera del sistema a miles de estudiantes", según esta asociación. El CEUNE sirve como enlace entre representantes de más de un millón de estudiantes universitarios y el Ministerio competente en universidades y debería convocarse al menos tres veces al año, pero no se ha cumplido todavía. Creen que esta propuesta entiende la política de becas como instrumento de mejora del rendimiento académico y que no cubre los gastos reales de estudiar en la Universidad, discriminando a quienes tienen matrícula parcial, o malas conexiones de transporte. Creen que el Gobierno ha incumplido sus promesas: ha admitido que tardará al menos dos años en poder cambiar el modelo de becas, y en su lugar propone una ampliación de 40 millones de euros que sigue siendo insuficiente para garantizar el derecho a estudiar.