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La ONU sigue preocupada por la falta de inclusión educativa en España

  • Según la ONU, España no ha avanzado "lo suficiente"
Madrid

El Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad insistió este martes en que España mantiene la segregación de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo.

Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por los expertos del comité, a cuya evaluación se sometió España a principios de marzo, a las que ha tenido acceso Servimedia.

Según la ONU, España no ha avanzado "lo suficiente" en lo que se refiere al derecho a una educación inclusiva de calidad para todos, pese a que en 2016 este mismo organismo advirtió de que la existencia de dos modelos educativos separados suponía una vulneración de los principios de la convención.

Asimismo, el comité mostró "su especial preocupación" por el mantenimiento de previsiones legales que permiten la existencia de los centros de educación especial, que representan un modelo segregador y un enfoque "muy medicalizado". "Esto afecta a un gran número de alumnos con discapacidad intelectual, autismo o con discapacidades múltiples", apuntó.

"Esto afecta a un gran número de alumnos con discapacidad intelectual, autismo o con discapacidades psicosociales o múltiples" matriculados en centros especiales, algo que para el Comité resulta "muy preocupante". Por ello, insiste en la puesta en marcha de medidas para garantizar una educación inclusiva, como ya hizo en 2016.

Aboga en el documento por cambios en la ley educativa y por el desarrollo de estrategias para incluir en los centros ordinarios a todo tipo de alumnos, con las debidas garantías de que recibirán los apoyos necesarios y una atención individualizada.

En su informe, el Comité recuerda que todos los niños con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en el sistema educativo ordinario junto al resto de alumnos, para lo que se precisa el diseño de una política comprensiva y una formación adecuada de los docentes y demás profesionales.

Más deberes

Otra de las recomendaciones que la ONU hizo a España en 2016 y que sigue pendiente es la modificación del Código Penal para que cualquier esterilización forzosa a una persona con discapacidad sea castigada. Además, la ONU pide un cambio de la legislación civil para que la limitación de la capacidad jurídica no impida a las personas con discapacidad tomar decisiones sobre su vida, su lugar de residencia o su economía.

Exige "suprimir todas aquellas barreras que impiden el acceso de las personas con discapacidad al sistema de justicia" y reclama que sus testimonios sean permitidos en los juicios y que el uso del braille, la lengua de signos y demás apoyos a la comunicación se generalicen.

Según el informe, solo el 0,6% de los edificios son plenamente accesibles en España, a pesar de que la Convención estableció 2017 como fecha límite para lograr la accesibilidad universal. A este resoecto, lamenta los pocos avances en las administraciones públicas.

También critica los problemas en el acceso a los trámites para solicitar asilo por parte de personas con discapacidad y exige un enfoque que tenga en cuenta el género, la raza y otras posibles formas de discriminación.

Salud

El Comité expresa su preocupación por la situación de las personas con problemas de salud mental, que muchas veces son sometidas a internamientos, a retenciones mecánicas y a tratamientos médicos contra su voluntad.

Advierte de que algunas enfermedades mentales no son reconocidas como discapacidad según la normativa española y lamenta, asimismo, las dificultades de acceso de los niños con discapacidad al sistema sanitario, sobre todo en las áreas rurales.

Pide poner fin a la institucionalización de los menores con discapacidad y solicita la adopción de las medidas sociosanitarias que sean necesarias para que puedan permanecer con sus familias.

Este organismo de Naciones Unidas vuelve a instar a España a que cambie la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a fin de que no se establezca un plazo especial en función de la discapacidad, e insistió en que esta no se considere un motivo para la eutanasia.

No obstante, reconoce los avances acaecidos en España respecto a la pasada evaluación. Así, aplaudie la reforma de la ley electoral que permite que alrededor de 100.000 personas con discapacidad que habían sido incapacitadas recuperen el derecho al voto; la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que establece la obligación de reservar ciertos porcentajes de empleo para estos colectivos; el nuevo enfoque de la Ley General de Discapacidad, y las modificaciones del Código Penal y Civil con el objetivo de proporcionar mayor protección a estas personas y ajustar sus procedimientos a los requisitos de la Convención.

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