Madrid
Los dimes y diretes que ha tenido el decreto de las cotizaciones sociales de los universitarios que realizan prácticas en las empresas dará mucho de qué hablar hasta que se celebren las elecciones.
El Real Decreto–ley 28/2018 (BOE de 29 de diciembre) para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de em-pleo incluía también, en su Disposición Adicional Quinta, la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas. Algo que no sentó nada bien a rectores y estudiantes, pues suponía que las instituciones educativas se hicieran cargo (financieramente) de todos los alumnos de último curso. De hecho, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, tuvo que ceder rante las presiones y afirmó recientemente que "buscaría otra salida" al tema.
Si la medida hubiera tomado buen rumbo, las universidades tendrían que haber dependido aún más de los Presupuestos Generales del Estado y estimar un acompañamiento económico para compensar los esfuerzos financieros que tendrían que haber hecho las universidades públicas.
Las universidades tendrían que haber asumido un coste de alrededor de 74 millones de euros, además de los trámites burocráticos que generaría a estas instituciones y una disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones a los estudiantes universitarios.
Cuotas gratuitas
Por su parte, el ministro de Ciencia y Universidad, Pedro Duque, confirmó ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo está barajando la posibilidad de bonificar el cien por ciento de las cotizaciones sociales de los universitarios que realizan prácticas en las empresas. "Muy posiblemente, se produzca una bonificación de las cuotas por contingencias comunes, que son la parte mayor", concretó el ministro. Además,"se han presentado ideas para simplificar" el alta de estudiantes en la Seguridad Social.
Lo que pretende el Gobierno es que la universidad no soporte gastos añadidos y los estudiantes ganen en derechos de protección social, es decir, reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes.
Actualmente, para darse de alta en la Seguridad Social es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte o tarjeta de Extranjero, además de un informe (Modelo TA1) firmado por el trabajador y el empresario en la oficina de Seguridad Social o Hacienda de la ciudad donde está la empresa o donde viva el trabajador.
La nueva normativa empezará a aplicarse en el próximo curso escolar, puesto que el texto fija un plazo de tres meses para el desarrollo reglamentario del decreto.
Duque indicó que esta nueva propuesta "persigue beneficiar a los estudiantes, porque comienzan a cotizar antes y mejora mucho sus prestaciones sociales durante las prácticas".
Remuneración mínima
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) comenzó una ron- da de reuniones con los grupos parlamentarios para poder llegar a un acuerdo con este decreto. Esta coordinadora defiende un alta en la cotización lo antes posible, con una bonificación total de las cuotas a la Seguridad Social. Asimismo, solicitan "garantizar una remuneración mínima en las prácticas remuneradas y la creación de un plan de ayudas para la realización de prácticas no remuneradas, con el fin de que al estudiante no le suponga un gasto la realización de prácticas", así como "no considerar en el alta en Seguridad Social por prácticas académicas curriculares incompatibles con la percepción de otro tipo de prestaciones".
Además, cabe destacar que hay jurisprudencia que avala que las empresas no pueden contratar becarios para hacer un trabajo que co-rrespondería a un trabajador de plantilla (Tribunal Supremo, en 2005). Según el informe de la Comisión Europea The experience of traineeships in the EU, una gran mayoría de becarios trabajan gratis (58 por ciento), a pesar de tener, en ocasiones, una carga laboral parecida a la de los trabajadores en plantilla. El informe también destaca que a algunos les encomiendan tareas ingratas, que nada tienen que ver con su formación, o los someten a jornadas maratonianas por un sueldo ínfimo. También, se revela que en España se calcula que hay unos 70.000 becarios, que son los que reciben alguna remuneración.
Se han destapas decenas de casos, desde medios de comunicación hasta las cocinas más prestigiosas con estrellas Michelin... Los eternos becarios continuan en las plantillas de cientos de empresas y organismos públicos. La ONU ha solicitado en numerosas ocasiones becarios con remuneración cero, solo con la contraprestación de adquirir formación y el prestigio de haber trabajado en una entidad con ese alcance. También, están los becarios que enlazan beca tras beca, con la ilusión de que algún día puedan ser contratados con un tipo de contrato temporal o por obra y servicio.
Los sindicatos, todos a una, piden poner fin a los abusos de algunas empresas, que recurren a estudiantes de prácticas para que sustituyan a trabajadores sin tener que pagarles un sueldo, lo que supone un ahorro de costes y una pérdida de derechos laborales.
Los rectores, por su parte, han postergado el tema hasta el proximo curso. Tras su reunión, a primeros de mes, Crue Universidades Españolas se mantiene a la espera de que en los próximos días la Secretaría de Estado de Seguridad Social les traslade un primer borrador de desarrollo reglamentario, sobre el que se seguirá trabajando en una próxima reunión prevista para finales de febrero.
Curso 2019-2020
El Gobierno de Pedro Sánchez señaló el verano pasado que pondría en marcha un plan de choque para los jóvenes, en el que se revisara y promovieran los contratos de relevo y prácticas, junto con nuevo instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes y un Estatuto del Becario. De momento, todo ha quedado en el aire y sin un desarrollo pleno. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las promesas de los partidos aplazarán, de momento, y por unos meses, la estabilidad de los becarios.
Anterior a este decreto, las prácticas solo cotizaban aquellas que tenían una dotación económica y se hacía una diferenciación entre las prácticas curriculares (actividad académica obligatoria y bonificada por la Seguridad Social en un cien por ciento) y las extracurriculares (voluntarias), por tanto, el pago correspondía a las empresas. Algunos rectores han visto con buenos ojos esta iniciativa, pues se dignifica el papel de las prácticas universitarias externas, ya sean curriculares o extracurriculares.