Madrid
Manifestaciones, huelgas generales, paros educativos, lucha de derechos, etc. Cada vez que cambia el color político en el Gobierno, la educación también es caldo de debate y de cambio. El Ministerio de Educación y Ciencia de España, durante los gobiernos de Adolfo Suárez (desde 1976 hasta 1979) y durante los dos primeros años de la I legislatura (desde 1979 hasta 1981), vivió una etapa donde las cosas estaban relativamente tranquilas si se compara con otros momentos.
Tras 40 años de democracia, España contará en este mes con su octava reforma educativa. No se ha conseguido llegar a un pacto educativo en estos años por esa falta de estabilidad política. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, llevará su proyecto de reforma de la Ley Orgánica Educativa (LOE) al Congreso, incorporando propuestas que han trasladado diferentes Comunidades Autónomas y enmiendas del Consejo Escolar del Estado.
La manifestaciones estudiantiles han sido comunes en todos los Gobiernos, a partir de José Manuel Otero Novas, ministro de Educación en el Ejecutivo de Adolfo Suárez, cuando empieza a haber reacciones a ciertas políticas. En 1988, el presidente del Gobierno en ese momento, Felipe González, encargó a su ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, la reforma educativa no universitaria de la entonces llamada Ley de Ordenación de la Educación (LODE). La huelga de 1987 tuvo un gran seguimiento. Fue un paro en la enseñanza media de los centros públicos que duró casi dos meses. Como consecuencia de la presión popular y política contra esta ley, Maravall dimitió al año siguiente y fue Javier Solana quien se encargó de desarrollar la LOGSE.
La mayoría absoluta del PP en 2000 cambió los planteamientos de la política educativa con la LOU (Ley Orgánica de Universidades) y la LOCE (Ley de Calidad de Educación).
En cuanto a la LOE (Ley Orgánica de Educación), del ministro Ángel Gabilondo, multitudinarias marchas contra la reforma recorrieron en varias ocasiones las calles de Madrid arropadas por los obispos y el PP. Organizaciones estudiantiles y sindicales tampoco estaban de acuerdo con esta norma, pero no se manifestaban por no ir de la mano con la derecha española. En esta época, se intentó llevar a cabo un pacto social y político, pero no salió adelante por el rechazo del PP ante la autoridad del profesorado, el castellano y la elección del centro.
José Iganacio Wert fue el ministro que más marchas protagonizó. Con su mandato, nació una ley con toda la comunidad educativa en contra. Su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, con más talante y capacidad de diálogo, calmó las aguas y tuvo que dar marcha atrás a muchas medidas que había incorporado la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
Isabel Celaá tiene el marcador a cero. De momento, la nueva ley no ha sufrido marchas en las calles españolas.?
LOE, 1970
1 Los planteamientos de la ley se inscribían en la tradición educativa liberal y suponían un reconocimiento implícito del fracaso de la educación autoritaria de los últimos 30 años. Estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. Se estructuraba el sistema en cuatro niveles: preescolar, educación general básica, enseñanzas medias y enseñanza universitaria.
LOECE, 1980
2 La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares fue la primera que se aprobó en el campo de las enseñanzas medias. El PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución, y el TC le dio la razón en bastantes puntos. Establece la tipología de centros y cambia su modelo de organización de manera que los padres puedan participar más activamente a través de asociaciones de padres de alumnos.
LODE, 1985
3 Se garantiza y desarrolla el derecho a la libertad de enseñanza. Diferencia dos tipos de centros educativos: públicos o privados. Determina cuáles deben ser los miembros del consejo escolar y la manera en la que éstos deben ser elegidos. El director de los centros es elegido por la comunidad escolar y regula el régimen de conciertos para la enseñanza privada. Mantuvo la estructura de EGB y BUP.
LOGSE, 1990
4 La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España establece la enseñanza común hasta los 16 años. Introdujo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato de dos años. Se sustentaba en un modelo educativo de enseñanza básica de carácter gratuito y obligatorio, siendo los poderes públicos los encargados de hacer velar su cumplimiento. Además, se reducen los alumnos por aula, pasando de 40 a 25 alumnos por clase, reguló la educación especial y reconoció a las comunidades la gestión de los centros y su potestad para establecer un porcentaje muy significativo de los contenidos curriculares. También, se incrementa la carga horaria reservada a Formación y Orientación Laboral, que pasa de 66 a 96 horas. Su principal debilidad: no tuvo la financiación necesaria.
LOCE, 2002
5 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promulgada el 23 de diciembre de 2002, no llegó a implementarse en las aulas por decisión del Gobierno del presidente Zapatero en 2004, paralizando el calendario de implantación previsto. El texto establecía diferentes itinerarios en la ESO y el Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una reválida al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable. Con la llegada de los socialistas se mantiene por tanto la selectividad, la asignatura de religión con carácter voluntario y la educación infantil como etapa educativa, no asistencial. La educación Infantil es gratuita en el tramo de tres a seis años. Se adelanta la diversificación curricular a 3º de ESO para jóvenes que lo necesiten.
LOE, 2006
6 María Jesús San Segundo, ministra de Educación y Ciencia del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, centró su labor en dos grandes reformas educativas, la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) y la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El texto fue acompañado de una memoria económica de 7.033 millones de euros de gasto educativo adicional entre el Estado (60 por ciento) y las CCAA. El 55 por ciento y el 65 por ciento de los horarios escolares se dedican a los contenidos de las enseñanzas mínimas, dependiendo de si la comunidad tiene lengua cooficial o no. Introdujo la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Derogó la LOGSE, LOPEG –Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, 1995, que prentendía reafirmar con garantías plenas el derecho a la educación sin discriminaciones, consolidar la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa– y la LOCE y mantuvo la LODE de 1985. Las comunidades podían desarrollar cursos de preparación para acceder desde el Grado Medio a ciclos de FP de Grado Superior.
LOMCE, 2013
7 El castellano se convierte, por ley, en lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. La Ley Wert recupera las antiguas reválidas o pruebas nacionales comunes. Al terminar tercero de primaria hay una evaluación individualizada para la detección precoz de dificultades en el aprendizaje. Se puede pasar de curso con dos suspensos, como hasta ahora, salvo si se suspenden a la vez lengua y matemáticas. El Ministerio de Educación ejerce más control sobre los contenidos de las asignaturas. Educación para la Ciudadanía desaparece como asignatura y sus contenidos se integran de manera transversal. Además, se eliminan asignaturas consideradas no instrumentales, como Ciencias para el mundo contemporáneo, Filosofía o Electrotecnia. Se otorgaba más recursos públicos a centros privados. La ley estableció que los miembros del equipo directivo del centro y los profesores fueran considerados autoridad pública o que el consejo escolar del centro tendría funciones esencialmente consultivas. En cuanto a la Universidad, el título de bachiller será suficiente para acceder, pero cada centro universitario podría hacer sus propias pruebas de acceso y valorar otra formación complementaria, algo que rápidamente se eliminó. La mayoría de los partidos de la oposición la rechazaron al considerarla privatizadora, "adoctrinadora" o invasora de competencias autonómicas.
Anteproyecto de ley
8 Esta semana, Celaá ha propuesto un pacto para que el gasto en educación se mantenga al margen de coyunturas económicas o alternancias políticas. Para ello propone un acuerdo a todos los partidos, pero el anteproyecto no ha gustado a la bancada más conservadora. Pretende alcanzar, antes de 2025, el suelo de un 5 por ciento del PIB en gasto público educativo. El texto establece que un 55 por ciento de los contenidos y materias serán definidos por el Estado en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales y un 65 por ciento en las que solo tengan una lengua oficial. En Educación Primaria, se recupera la estructura por ciclos, se fortalece la inclusión educativa y la atención personalizada. En Bachillerato propone un modelo de compensación de una materia pendiente con carácter excepcional, que será decidido por el equipo docente en conjunto e implica el cumplimiento de unos requisitos previos. Contempla la asignatura de Valores cívicos y éticos en un curso de Educación Primaria y en otro de la ESO. Los centros deberán ofrecer la materia de Religión, pero quienes no la elijan no tendrán que hacer una asignatura espejo. Además, se elimina el criterio de demanda social como factor determinante para la elección de centro educativo, público o privado concertado.