Madrid
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha recibido con preocupación la noticia de la aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados del "Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria". Si bien el gobierno ha defendido la nueva norma como imprescindible para revertir los aspectos del Real Decreto Ley 14/2012 relativos a la carga lectiva, las sustituciones del profesorado y el ratio alumno-profesor, FSIE considera que la medida no va reducir las desigualdades entre el sector público y la enseñanza concertada.
Con la aprobación de esta ley ordinaria de artículo único se establece que las administraciones autonómicas podrán fijar la jornada lectiva de los docentes recomendándose un máximo de 23 horas de carga lectiva en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 en los centros que imparten el resto de enseñanzas.
Como ya denunciara la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza el pasado mes de septiembre, esta medida supone una nueva discriminación a los docentes de la enseñanza concertada al indicarse claramente en el texto que dicha medida podrá aplicarse solo en los centros públicos, permitiendo que en los centros concertados la carga lectiva alcance las 25 horas semanales con el agravante de unos salarios sustancialmente inferiores.
Desde el sindicato se ha exigido desde el primer momento que, teniendo en cuenta que esta reforma se justifica en la necesidad de acometer la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en la enseñanza no universitaria, debe aplicarse sin distinción y en igualdad de condiciones a todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos.
FSIE, en una propuesta remitida directamente al MEyFP y al resto de grupos parlamentarios, recuerda que la homogeneización de la carga lectiva es un principio reconocido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno 26/2016, del 18 de febrero de 2016, Madrid, 14 de Diciembre de 2018 en la que dictamina claramente que la carga lectiva del profesorado de los centros públicos y privados concertados es competencia de la Administración y, al tratarse de centros sostenidos con fondos públicos, debe tener un tratamiento homogéneo.
La organización sindical ha manifestado que continuará exigiendo al Ministerio de Educación y Formación Profesional que aplique los mismos criterios en todos los centros sostenidos con fondos públicos, como dictaminó el Consejo Escolar del Estado el pasado mes de octubre, para que todos los docentes puedan ejercer su profesión en igualdad de condiciones.