Madrid
Siete meses después de la renuncia de la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al máster de Derecho Público Autonómico de la Universiad Rey Juan Carlos que figuraba en su currículum, la institución pública madrileña toma el control de la situación y trata de encauzar su labor educativa y administrativa.
106 títulos entre másteres y cursos de expertos han sido eliminados de la oferta académica ofrecida por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que impartía hasta este curso a través de diferentes empresas privadas con las que mantenía un convenio. De 51 contratos que han sido reconsiderados desde el pasado mes de mayo, se extinguieron concretamente 28 convenios de colaboración con institutos y empresas al entender que "No aportaban el valor añadido que persigue la institución". Los 23 restantes han sido fortalecidos por procedimientos de seguimiento y calidad.
Fuentes de la URJC han indicado que se trata de un "Proceso de regeneración interna" puesto en marcha por el rector actual, Javier Ramos, a raíz de las irregularidades detectadas en los másteres de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, de la exministra Carmen Montón o del presidente del PP, Pablo Casado, que hirió la reputación de la institución pública de Madrid y del conjunto de universidades públicas españolas. Con esta nueva medida, el centro pretende ser más estricto y seguir con un proceso de revisión de todo aquello que no sea la formación de grado.
No ha sido una buena época para la universidad que tras el "caso Máster" se vio obligada a clausurar el Instituto de Derecho Público y procedió a modificar el Vicerrectorado de Postgrado con el objetivo de reforzar la calidad de los títulos. Para ello, se posicionó en cabeza a la catedrática Isabel Martínez y se creo la figura del Delegado del rector para títulos propios, cuya misión es apoyar al vicerrectorado en esa labor de revisión y reestructuración de postgrados.
Algunas de las medidas adoptadas para garantizar las buenas prácticas destaca la creación del nuevo Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno, que se encuentra realizando un Código Ético que tiene previsto implantarse en la universidad el curso que viene. Ha surgido una Oficina de Transparencia, Participación y Buen Gobierno, que se pondrá en funcionamiento también durante el curso 2019/2020 y se asemejará a las que tienen algunas universidades estadounidenses como las de Iowa, Utah u Ohio.
La Asamblea de Madrid toma una decisión
En este contexto, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes la constitución de la comisión de investigación de universidades con el objeto de determinar responsabilidades políticas en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la URJC, así como investigar cualquier tipo de irregularidad en la obtención de títulos de todas las universidades públicas madrileñas y sus centros adscritos.
Según el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea, tendrán la obligación de comparecer en las comisiones el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno, los altos cargos y funcionarios de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus empresas y entes públicos, incluyendo las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, los rectores, miembros de los órganos de gobierno y representación. Asimismo, los grupos parlamentarios propusieron que comparezca el profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios.
