Madrid
El descomunal peso de las tareas de gestión docente dentro del conjunto de actividades que se realizan en los centros educativos, su relativa eficiencia y su escasa estabilidad en el tiempo, producen una excesiva burocratización de la enseñanza. Por ello, el profesorado se ve relegado de lo que entiende como cometido y sentido último de la educación, el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Además resulta patente el elevado impacto emocional que produce entre los docentes el exceso de burocracia estéril, que les somete a una situación de estrés cotidiano que condiciona su práctica docente y afecta al clima del aula y del centro.
Según el Consejo Escolar de Canarias, opinión compartida por Comisiones Obreras, la proliferación de leyes educativas en España ha llevado aparejada una inestabilidad normativa que ha impedido la adecuada asunción por parte de la comunidad educativa del conjunto de procedimientos, acciones y trámites que se han venido sucediendo en estos años. Los textos legales no venían acompañados del correspondiente incremento de recursos para la idónea preparación de los actores (PAS, docentes, directivos...) que debían implementarlos.
A ello se unen los profundos cambios sociales y económicos que en los últimos tiempos ha sufrido la sociedad española y, por ende, la escuela. Las nuevas demandas y necesidades de una sociedad en crisis se suman así a la reducción de las plantillas docentes, al aumento de las horas lectivas en la Enseñanza Secundaria y al incremento de las ratios de alumnado por docente.
El profesorado se ha visto obligado a adecuar su trabajo a los cambios de concepción y nuevas demandas que exigían las diferentes normativas y los cambios sociales, lo que ha supuesto que una parte muy importante de sus esfuerzos se haya centrado en la gestión burocrática de los documentos requeridos por la Administración educativa. Esto ha producido el rechazo generalizado entre las y los docentes, pues el modelo de gestión tampoco se ha mostrado particularmente eficiente.
El problema fue reconocido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria (Ley 6/2014, de 25 de julio), que, en su artículo 5 sobre la finalidad y objetivos del sistema educativo canario, fija entre los objetivos del sistema educativo canario agilizar la gestión revisando, mejorando y minimizando los procedimientos administrativos actuales.
Debido a la inquietud mostrada por la comunidad educativa, el Consejo Escolar de Canarias encargó un estudio a un equipo de investigación dirigido por el catedrático del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Rafael Santana Hernández. El resultado ha sido publicado recientemente, de forma que en su primera parte, Estudio Empírico: Percepción y propuestas del profesorado y equipos directivos, se explora la percepción que sobre las tareas de gestión docente tienen el profesorado y equipos directivos, mientras que en la segunda, La visión del Consejo Escolar de Canarias, se recogen las consideraciones del Consejo Escolar de Canarias con cuarenta y seis propuestas, en cinco ejes de acción, de reducción de la burocracia en los centros educativos.
Ahora la Administración educativa canaria debe proceder a mejorar y simplificar la gestión administrativa, incorporar nuevos perfiles profesionales y otros apoyos al docente, y restituir las condiciones laborales del profesorado potenciando su reconocimiento social y profesional.
Elaborado por: José Ramón Barroso Arteaga, Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias