La falta de educación reglada en la población joven –lo que mide la tasa de abandono educativo temprano (AET)– o adulta es un problema histórico, persistente y profundo. La comparación con la UE nos dejaba y deja en una situación que no se corresponde con nuestro desarrollo económico. Su solución requiere del concurso de las comunidades autónomas. Estas no han generado el problema, pero sí han ayudado a su corrección.
Cuando un bien es escaso, el reparto suele ser muy desigual, como ocurre con los niveles educativos en la población adulta española: tenemos más universitarios y universitarias que la UE, pero menos personas con Secundaria postobligatoria que la media europea.
El descenso de la tasa de AET se ha debido a factores socioeconómicos y no a políticas educativas:
- Su disminución se va frenando a la par que disminuyen los efectos de la crisis en los jóvenes.
- La mayoría de los jóvenes en situación de AET tiene el título de la ESO y su peso en el conjunto del AET vuelve a repuntar, como antes de la crisis.
- La crisis ha abierto la brecha en esta tasa entre hijos e hijas de inmigrantes y españoles. La tasa en aquellos más que duplica la de los españoles. En 2017 parece corregirse levemente esta tendencia.
- Ocupados y en paro tienen un peso similar en el conjunto del AET, ganando peso los ocupados, como antes de la crisis.
- En todo caso, hay un 10,1% de jóvenes en paro y en AET que debieran ser objeto de políticas educativas preferentes.
- Por comunidades autónomas, la tasa va reduciendo sus diferencias interterritoriales.
Hacen faltan políticas educativas que aborden las causas de esta alta tasa:
- A los 21 años la tasa ya es superior a la media, lo que significa que para esos jóvenes de 21 a 25 años no funcionan los centros de segunda oportunidad.
Propuesta: hay que incrementar las plazas públicas en estas enseñanzas de segunda oportunidad y proponer formatos diferentes que las hagan atractivas a los colectivos a los que van destinados: en horario vespertino, compatibles con el trabajo, remuneradas, en ciclos de Formación Profesional vinculadas a sectores de alta inserción, etc. Ello debiera hacerse desde centros integrados, en los que se ofrezcan tanto FP reglada como ocupacional.
- El 18,3% de la tasa de AET se compone de un 10,8% de jóvenes con título y un 7,5% sin él. En la tasa de AET siempre han sido mayoritarios quienes han tenido el título de la ESO, llegando a suponer el 71% en 2002 y bajando hasta casi el 50% en 2014 (52,4%), para remontar al 59,1% en 2017. Hay que analizar por qué no continúan estudiando quienes por titulación sí pueden.
Propuesta: incrementar la información y la orientación a este colectivo y a sus familias, a fin de ofrecerles aquellas enseñanzas más cercanas a sus intereses.
- Hay que reducir el 7,5% sin un título en enseñanzas obligatorias.
Propuesta: elaborar alternativas para este colectivo, tanto en la ESO (para evitar su fracaso), como con fórmulas que hagan atractiva la obtención del título en edades posteriores. Se trata, en su mayoría, de alumnado que se va de la ESO sin titular antes de cumplir los 18 años.
- Respecto del 10,8% que tiene título, una FP de Grado Medio con más peso de las prácticas, menos academicista, con reconocimiento de la experiencia laboral adquirida, en turnos compatibles con ofertas de empleo, más flexible, etc., podría resultar más atrayente.
- También hay que valorar que el alumnado en situación de AET habrá alcanzado el título con más de 16 años. La repetición es una medida que hace que uno de cada tres alumnos no esté en 4º de ESO a la edad que le corresponde (15 años al inicio) y que un 30% de 16 años y un 13,6% de 17 o más años de edad esté en la enseñanza obligatoria. Esto disuade al alumnado a continuar estudiando, si ello supone también una prolongación en el formato. La LOMCE, al permitir en Primaria la repetición por cursos y no ciclos, está provocando un fuerte incremento de las repeticiones y, a la larga, un descenso de la tasa de idoneidad que perjudicará a las tasas de AET. La suma del porcentaje de repetidores se ha incrementado en Primaria –2015-2016 sobre 2014-2015– en un 44,1%, pasando del 12,6% al 18,2%.
Propuesta: limitar fuertemente la posibilidad de aplicar la medida de repetición, dando al profesorado y centros los datos de los resultados relativos al seguimiento longitudinal del alumnado, por cursos y asignaturas; facilitando la aplicación de medidas educativas alternativas vinculadas a materias concretas y no a la promoción del curso y haciendo seguimiento del éxito de dichas medidas; y modificando el currículo (menos academicista, menos extenso y repetitivo, etc.) y los sistemas de evaluación, calificación y promoción y titulación (decisiones estas últimas que debieran ser colegiadas).
- Los programas de refuerzo PROA, ARA, etc. han sido y son medidas exitosas, pero de muy escaso impacto. Sin embargo, hay iniciativas recientemente implantadas –la FP Básica, con discrecionalidad para la obtención del título; el PMAR, que no garantiza su continuidad en el curso en que se titula; los programas que fuerzan una segregación del alumnado por grupos homogéneos, como los de bilingüismo–, que suponen una dificultad para la obtención del título para todo el alumnado.
Propuesta: son necesarios apoyos específicos para alumnos y alumnas con necesidades educativas: refuerzos, desdobles, más prácticas, horas de problemas, dos profesores por aula, continuidad hasta 4º de programas de mejora o diversificación, etc., aplicadas al alumnado desde el primer curso en que se detecten.
- Las altas tasas de AET afectan más a los inmigrantes y a quienes han estudiado en centros públicos. Es ahí, en estos colectivos, en donde deben centrarse los esfuerzos y aplicar las medidas de política educativa, asignando recursos para programas como lo que hemos descrito.
- Dadas las históricas e importantes diferencias territoriales en los indicadores que hemos venido mencionando, la financiación de las medidas propuestas debiera ser un objetivo para un posible fondo de cohesión territorial, distribuido en función de la diferente situación de las comunidades en estos indicadores, de la evolución que ofrezcan, etc., con un modelo de financiación compartida.
- Estamos hablando de aproximadamente 585.000 jóvenes en situación de abandono educativo temprano en toda España. Partiendo del coste del puesto escolar público (últimos datos de 2015), escolarizar al total supondría 3.180 millones de euros por curso, menos de la mitad de los recortes educativos en gasto público educativo; y en dos anualidades se conseguiría una titulación postobligatoria para más de la mitad (los que cuentan con título de ESO). Evidentemente no se trata de escolarizar obligatoriamente a estos jóvenes (no es posible legalmente), sino de mostrar la viabilidad de las medidas.
Hacer un plan para reducir fuertemente la alta tasa de AET es posible y debiera centrase en los jóvenes que ahora mismo forman parte del colectivo sobre el que se calcula la tasa, pero, también, en quienes están ahora cursando las etapas previas y que, de no remediarlo, van a engrosar en breve el colectivo de jóvenes que han abandonado tempranamente la educación reglada.
