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Atajar la fuga de cerebros y un MIR docente, demandas sociales

  • Celaá deberá avanzar en la sustitución de la actual Ley orgánica

Un cambio de rumbo y más diálogo es lo que pedía la comunidad educativa cuando Pedro Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno, la semana pasada. Educación estará liderado por Isabel Celaá, profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012.

Una cartera, que en esta ocasión y como hizo Zapatero en su primera legislatura (Ciencia e Innovación con Cristina Garmendia al frente), ha creado dos carteras para posicionarlas como dos caballos de batalla con contenidos de máxima prioridad. De hecho, uno de los pilares fundamentales del modelo educativo de los países mejor posicionados en Pisa, como Finlandia, es su estabilidad y el prestigio con el que cuentan los profesores. Y es que el progreso de un país basado en el conocimiento.

Celaá deberá avanzar en la sustitución de la actual Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y deberá hacerlo con un pacto de Estado consensuado por toda la comunidad educativa. La reversión de los recortes es una de las demandas que parte de la comunidad educativa y otra de sus batallas será devolver el presupuesto a Educación que fue minado por la crisis económica. Además, otra de las peticiones socialistas al Ejecutivo popular ha sido subir al 5 por ciento del PIB la inversión educativa. Pactar el Estatuto Docente que los sindicatos exigen desde hace años, potenciar la Educación Infantil de 0 a 3 años, reducir el abandono escolar, que actualmente es del 18 por ciento, para cumplir el compromiso comunitario de dejarlo en el 15 por ciento en 2020, instaurar un MIR Educativo, luchar contra el acoso escolar, potenciar la Formación Profesional, especialmente la dual, y atender a la escuela concertada, que desde hace siete años no se ha convocado su Mesa Sectorial.

Protagonismo de la I+D

Por su parte, el astronauta Pedro Duque será el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. No es el primer astronauta en un gobierno. El ministro de transporte, Marc Garneau, es ingeniero de sistemas de combate y el primer astronauta canadiense.

El ingeniero aeronáutico ha mantenido una relación muy estrecha con la universidad pública –sobre todo donde estudió, la Politécnica de Madrid–, cuenta con una experiencia emprendedora y un gran compromiso en la lucha contra las pseudociencias.

Duque deberá aprobar el Real Decreto que vuelva a situar en un 5 la nota media para acceder a una beca general de matrícula universitaria. Una propuesta del anterior ministro de Educación, donde podrán obtener beca de matrícula los estudiantes de primer curso de estudios universitarios que hayan obtenido 5 puntos en la nota de acceso, siempre que cumplan los requisitos de carácter económico (renta y patrimonio de la unidad familiar). Además, del mismo pacto educativo deberá salir una reforma universitaria, que dote de mayor autonomía y flexibilidad a los centros, de ahí que ambos ministerios deban estar estrechamente coordinados.

Los rectores también han reclamado una mayor financiación para las universidades, el desarrollo de medidas que mejoren la situación actual del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las tasas universitarias y un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.

A nivel de I+D+i, Duque tendrá que recuperar los niveles de inversión de los años pre-crisis, una petición a la que se han sumado también los rectores universitarios demandan desde hace tiempo un aumento de las inversiones. Además, deberá asumir una de las situaciones más alarmantes de los investigadores postdoctorales en España, principalmente porque la falta de contratos estatales que garanticen su estabilización laboral conlleva la carencia de una carrera investigadora en nuestro país.

Deberá asumir la batalla de sacar adelante la estabilización laboral de los investigadores en OPI, consorcios y fundaciones científicas, la elaboración del Estatuto del Personal Investigador en Formación (Epif) y atajar la fuga de cerebros, es decir, recuperar a los científicos españoles que se han ido al extranjero, más de 12.000 desde 2010, según datos de la Comisión Europea.

El sector científico también está ansioso de poder alcanzar un Pacto por la Ciencia para poder recuperar la financiación pública, la captación de talento, y la reducción de la burocracia. Asimismo, piden desarrollar la Ley de la Ciencia y las figuras investigadoras.

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