La búsqueda de un pacto social y político por la educación ha estado en el programa electoral de cada partido. Dar seguridad, estabilidad, calidad y proyección de futuro al sistema educativo, han sido las metas de la legislatura de Íñigo Méndez de Vigo, pero se ha visto truncado por la financiación. Fueron 82 expertos los que intervinieron en la fallida Subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración de un gran pacto, con el objetivo de dar voz a toda la comunidad educativa y así sentar las bases de la futura ley educativa.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la séptima reforma del sistema educativo de la democracia, propuesta por J. Ignacio Wert, exministro de Educación, fue un texto que nació con la comunidad educativa en contra. La oposición, con el PSOE al frente, lideró la petición de derogación de esta Ley y se comprometió a poner fin a los recortes.
Derogar la Lomce
La nueva ministra de Educación, Isabel Celáa (Bilbao, 1949), que ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012, tendrá que retomar las negociaciones para lograr ese pacto y aumentar la inversión.
El PSOE abogaba en las últimas elecciones generales por una financiación que alcanzara un suelo común del 5 por ciento del PIB en dos legislaturas y con la aspiración de alcanzar el 7 por ciento a medio plazo. Pidieron derogar la Lomce y las evaluaciones externas. En este sentido, diferentes voces de la comunidad educativa han pedido ya al Gobierno de Pedro Sánchez que recupere las negociaciones para lograr el suficiente consenso que permita sustituir la actual Ley.
Además, propusieron ampliar las becas y reducir las tasas universitarias. Pidieron la gratuidad real de los libros de texto y ampliar el índice de escolarización desde los cero a los 18 años, también recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, revitalizar y dotar de mayores competencias los Consejos Escolares y elaborar el Estatuto del Estudiante –similar a la Ley del Estudiante Universitario, pero en educación obligatoria–.
Por otro lado, los socialistas quisieron aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización (MIR) y dignifique la función docente. Cabe destacar que el mes pasado se rechazó en el Pleno del Congreso la proposición no de ley de Ciudadanos en la que reclamaba la creación, en los próximos seis meses, de un MIR para profesores. La iniciativa solo contó en la Cámara con el apoyo del PP.
El PSOE también en su programa electoral defendió que querían modificar la actual Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para consolidar un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la obtención tanto de títulos de Formación Profesional como de Certificados de Profesionalidad.
Celaá tendrá tareas heredadas del anterior ministro. El mes pasado se anunció que se bajaría de 5,5 a 5 la nota media necesaria para acceder a una beca general. La bajada de nota es una reivindicación histórica de los rectores de las universidades españolas. El endurecimiento de los requisitos académicos para optar a las becas generales se produjo en 2012 con el exministro Wert. El sistema de becas de Wert fue objeto de recursos judiciales ante el Tribunal Supremo, que fueron desestimados.
En relación al 155 y el adoctrinamiento en las aulas, la ministra deberá resolver que pasará con el informe encargado hace un año a la Alta Inspección. De hecho, el PSOE ha defendido que la aplicación de este artículo debe mantenerse exclusivamente en la prestación de los servicios y en el funcionamiento ordinario de la administración.
Apoyo de sindicatos
El sindicato Anpe ya ha pedido a la nueva ministra que "saque a la Educación de la confrontación ideológica y de la inestabilidad e incertidumbre en la que se encuentra instalada". Además, ha solicitado "regular una marco competencial básico en el que estén perfectamente definidos las atribuciones del Estado y las de las CCAA, una Ley de la profesión docente y un Estatuto del profesorado, revertir los recortes y elaborar un Plan Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar". FSIE también pide que se "aseguren a los docentes de centros concertados y privados, en los años 2018, 2019 y 2020, al menos los mismos incrementos de la masa salarial para los funcionarios". También, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha pedido que se acabe "con la segregación por razones de discapacidad".
