Un estudio alerta de las situaciones en que se encuentran los menores extranjeros no acompañados que llegan a España y del trato que reciben de las administraciones públicas, que en muchos casos implican una vulneración de principios y derechos reconocidos expresamente en la Convención sobre los derechos del Niño y sus protocolos facultativos. El informe, que se presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la han hecho la Asociación Nuevas Vías y la Fundación Raíces, y han colaborado dos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ??Pau Chavarria y Anna Grañana. Esta participación es fruto de un trabajo colaborativo en el marco del proyecto derecho al Derecho de la Facultad de Derecho, y forma parte de las prácticas curriculares que han llevado a cabo los dos estudiantes a la entidad Nuevas Vías y el despacho de abogados Uría Menéndez.
Vulneración de derechos básicos
Durante el año 2017, llegaron a Cataluña 1.489 adolescentes sin referentes familiares que se habían visto obligados a huir de sus países, principalmente a causa del terrorismo, la guerra y los desastres naturales, y que se habían embarcado en un largo y duro proceso de migración del que resultan extremadamente vulnerables y víctimas fáciles del crimen organizado, en el que sufren todo tipo de abusos y explotación laboral o sexual.
El informe que presentaron a las Naciones Unidas la Asociación Nuevas Vías y la Fundación Raíces, dos organizaciones sociales que defienden y promueven los derechos y la inserción social de diversos colectivos, en especial los menores extranjeros no acompañados, es un texto alternativo al quinto y sexto informes de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño que presentó España el 5 de mayo de 2016. las dos entidades sociales fueron invitadas a explicar las conclusiones de su estudio en la sede del Comité de los derechos del Niño de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), en junio de 2017. el texto se presentó acompañado de material audiovisual en el que se incluía el testimonio y la realidad vivida por estos jóvenes.
El escrito señala que desde el primer momento en que los adolescentes son localizados en territorio español no reciben una atención inmediata, lo que demora su ingreso al sistema de protección de menores. Además, en ciertos casos, tener un pasaporte auténtico no es suficiente para que se les considere menores de edad, ya que se presume que la documentación no es válida y se procede a hacerles pruebas médicas para determinar la edad , aunque está demostrado científicamente que estas pruebas presentan grandes márgenes de error. Esto implica que, en ocasiones, queden excluidos del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, y que, a veces, incluso se les llegue a ingresar a los centros de internamiento de extranjeros (CIE).
Además, el informe apunta que no se asigna a estos adolescentes un representante legal independiente, tampoco se les proporciona la información oportuna sobre las vías legales de protección, ni se les da la oportunidad real de queja en caso de que hayan sufrido maltrato, incluso en los mismos centros de recepción. Por otra parte, el estudio denuncia la dilación a la hora de obtener la documentación -permisos de trabajo, de residencia o obtención de la nacionalidad española-, la insuficiencia de recursos destinados a la protección de los niños y niñas ya atender sus necesidades específicas de educación y formación, o las devoluciones en caliente de estos menores que se producen en Ceuta y Melilla.
Las recomendaciones de las Naciones Unidas
Como respuesta a este informe, a mediados de febrero de este año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas formuló por escrito las conclusiones y recomendaciones en España en diversas materias que los generan inquietud, entre las que se encuentra la atención y protección proporcionada a los menores extranjeros no acompañados.
El Comité de los Derechos del Niño instó a proteger de manera efectiva estos adolescentes, incluso del tráfico de personas, y adoptó varias de las recomendaciones que se formulan en el informe alternativo presentado en el marco del proyecto derecho al Derecho de la UB. Primero, en relación con las pruebas de determinación de la edad, las Naciones Unidas han instado al Estado español a establecer un protocolo uniforme de determinación de edad, que utilice un método multidisciplinar, y que sólo se puedan utilizar las pruebas cuando haya una duda real sobre la edad, y por tanto, cuando no se disponga de ninguna documentación auténtica, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.
También se señaló la falta o la tardanza en la asignación de un representante legal, o la falta de información proporcionada a los niños y adolescentes en cuanto son identificados en territorio español. Otro de los punto remarcados es el establecimiento de centros de recepción de menores extranjeros no acompañados adaptados a sus necesidades y el establecimiento de un mecanismo de queja efectivo en los centros de protección de menores para denunciar posibles situaciones de maltrato que puedan ser investigadas. Por último, el organismo de derechos humanos recomendó a España que acabe con las devoluciones en caliente, teniendo en cuenta la condición de menores de edad.