La política educativa de un país se ha convertido en objeto de especial atención no sólo en el mundo desarrollado, sino también en países de menor nivel de desarrollo cuyos gobernantes han visto en la educación y la formación de sus ciudadanos una palanca formidable de progreso social y económico.
De conformidad con esta preocupación transnacional, España puso en marcha en 2012 la elaboración de una nueva ley de educación que encarnara los ejes fundamentales de una nueva reforma educativa. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vio la luz en el Boletín Oficial del Estado el 9 de diciembre de 2013 tras un proceso de tramitación complicado en lo político y titubeante en lo técnico. Ello se puso de manifiesto en una fuerte contestación de los partidos diferentes al del Gobierno, en un ruido tan intenso como discreto en el seno mismo del Partido Popular y en la tramitación de un proyecto de ley que fue sustituido in itinere por otro diferente, circunstancia ésta insólita en la historia reciente de la educación española.
La nueva ley arrancaba su andadura como un texto normativo inapropiado en el plano jurídico, deficiente en el plano técnico y debilitado en el plano político. Así, se aplicaba en ella la técnica jurídica de la "incrustación" incorporando el nuevo texto legal al cuerpo de la anterior ley socialista (LOE). El resultado fue una composición híbrida de muy difícil integración. Por otro lado, adoptaba una orientación enormemente detallista, en materia de currículo, generadora de una notable rigidez a la hora de promover cambios pertinentes en un futuro que es dinámico, e introducía una ruptura franca en cuanto a la estructura de los planes de estudio y su reparto competencial.
En lo concerniente a lo técnico, se hacía en ella caso omiso de la mayor parte de las evidencias internacionales sobre los factores que más influyen en la mejora de los resultados de los alumnos y se prestaba una atención inadecuada o insuficiente a factores relevantes, tales como el modelo de evaluación del sistema en su conjunto, la autonomía de los centros escolares o las políticas de equidad.
En el plano político, y al margen de la oposición sistemática del resto de los partidos, se despreció la búsqueda de apoyos en los sectores educativos próximos y representativos, se ignoró la opinión colegiada del Consejo Escolar del Estado en las cuestiones de fondo y no hubo forma así de mitigar la imagen de soledad que padeció, en ese trance, el gobierno de la nación.
Esta combinación de circunstancias llevó a una buena parte de los gobiernos de las Comunidades Autónomas a hacer una interpretación "flexible" de la LOMCE, generadora de desorden en el conjunto del sistema educativo pero con una proyección política de insumisión frente al electorado próximo. En esta coyuntura notablemente enrarecida, un Real Decreto Ley vino a corregir aspectos sustantivos de la citada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa tres años después de su publicación, dejando en suspenso tanto el carácter censal de las pruebas finales como su valor académico -las famosas "reválidas"- hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación.
Esa rectificación franca del Gobierno y su remisión explícita a los resultados del Pacto, han dejado la LOMCE en "modo de espera". Mientras tanto, el contexto socioeconómico está cambiando de un modo rápido -incluso disruptivo- y exige, sin tregua, de la educación y la formación de las nuevas generaciones una mejor adaptación a sus requerimientos y un mayor grado de acierto.
Elaborado por: Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado.
