El Observatorio del Sistema Universitario ha presentado ayer en la Universidad Complutense de Madrid el informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre Comunidades Autónomas en España, Europa y la OCDE, de la mano de Vera Sacristán. Este estudio presenta un tema preocupante como es la financiación de la universidad pública. El observatorio es un ente independiente, no pertenece a ninguna universidad. Lo que hace principalmente es tomar datos públicos y ofrecerlos de forma gráfica con el fin de mejorar su comprensión. Este supone el 9º informe que presenta.
En esta investigación han sido estudiadas únicamente universidades públicas y presenciales, ni la UNED ni la Universidad Internacional Menéndez Pelayo forman parte de esto por sus peculiares características.
Los datos fueron tomados del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y la OCDE, y, dejan de manifiesto que ya en 2009, antes de los recortes, la financiación de las universidades públicas era muy diferente entre las comunidades autónomas y no guardaba relación con el número de estudiantes ni con la riqueza de cada comunidad. Por ejemplo, los ingresos totales no financieros por estudiante oscilaron entre los 6.744 euros de Extremadura y los 11.896 de Cantabria. Los ingresos totales no financieros representaron un porcentaje sobre el producto interior bruto (PIB) que varió entre el 0,39% de Illes Balears y el 1,31% de la Comunidad Valenciana.
Dadas las diferencias de tamaño de las diversas comunidades autónomas, es normal que se presenten tantas diferencias. Para analizarlas, se ha considerado la financiación por estudiante y la financiación como porcentaje del PIB de cada comunidad autónoma. Estas dos medidas permiten comparar las diversas comunidades autónomas entre sí y comprender hasta qué punto los ingresos de sus universidades publicas responden al número de sus estudiantes o a la riqueza de la comunidad, cómo es el esfuerzo financiador de la administración en cada caso y cuánto el del estudiante y su familia al pagar las tasas y la matrícula.
El último año del que se disponen datos oficiales es el 2015. Entre 2009-2015, los ingresos totales de las universidades públicas españolas disminuyeron un 2,2 %. La reducción de la financiación pública fue desde el -17% de Aragón hasta el -38,2 % de Castilla La Mancha. Además, la variación de los ingresos por tasas y precios públicos se situó entre el -15,7% de Galicia y el +67,6 % de Cataluña. Estas variaciones no respondieron a modificaciones en el número de estudiantes ni a la disminución de la riqueza de cada comunidad autónoma.
En 2015 disminuye el dinero en las universidades, lo que aumenta las desigualdades entre CCAA, especialmente lo referido a la financiación pública y a los ingresos por tasas y precios públicos. En concreto, en este mismo año, el total de ingresos por estudiante más alto se da en La Rioja (10.000 euros), que supera en un 54,3% al valor más bajo (Illes Balears con 6.479 euros). La financiación pública varía entre los 8.429 euros por estudiante del País Vasco y los 4.730 de la Comunidad de Madrid.
En financiación pública en enseñanza terciaria como porcentaje de PIB, hay cinco comunidades autónomas que quedan por debajo de la media de la OCDE: Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Castilla La Mancha y Cataluña.
En cuanto a las consecuencias, en palabras de Vera, hay dos tipos, las relacionadas con el estudiantado y relacionadas con los precios. Explica que: "La gran discusión y la gran preocupación es la igualdad de oportunidades en el acceso, que debe verse desde el punto de vista social y académico".
A la hora de buscar una solución a este problema, Vera indica que: "donde se deben tomar las decisiones sobre este tema es en el sistema español y las comunidades autónomas, ya que son estas últimas las que fijan el precio. Sin embargo, todo esto se fija dentro de un marco y ese marco sí que es conveniencia estatal fijarlo".
