Madrid
La historia se repite y volvemos a la recesión de 2012. Son seis las universidades públicas madrileñas que desde la semana pasada viven una situación económica complicada. La Complutense, la Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos adquirieron en el curso 2018-2019 un remanente presupuestario de 1,15 millones entre las seis, lo que les dificultó cubrir contingencias como la subida de los precios de la luz.
Este panorama, lejos de mejorar, parece complicarse a medida que pasan los días, y es que ahora también dejarán de recibir el dinero de las sanciones ganadas por el Gobierno de Madrid (574 millones en cinco años) por financiaciones comprometidas y no entregadas que les servían de colchón.
Las instituciones académicas están al borde de no poder hacer frente a sus gastos corrientes y ante esta situación límite, toda la oposición de izquierdas en la Asamblea de Madrid (Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE) presentó el pasado miércoles una propuesta no legal (PNL), en la que reclaman más fondos. Además, añaden en que no es posible que la Universidad de la Comunidad de Madrid sea un referente en investigación y docencia si los presupuestos no cubren el 100% de los gastos, ni siquiera los del personal.
A pesar de que las negociaciones ya han comenzado, la comunidad ha confirmado que las inversiones en universidades no concuerdan con lo que dicen varios informes encargados por su propio gobierno en su momento. De hecho, el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), organismo patrocinado por grandes empresas para el estudio de la educación superior, destaca que: "Madrid es la segunda región con mayor renta por alumno en el capítulo de tasas, precios públicos y otros; y el que menos transferencias corrientes y transferencias de capital recibe por las universidades". Es decir, Madrid es la segunda región, después de Cataluña, que más demanda a las familias y la que menos invierte por alumno.
La lucha entre los poderes ya ha comenzado. Así, la Consejería de Educación y Universidades culpa al Gobierno central. En otras regiones se observa que es posible un acuerdo a mediano plazo. En Aragón, por ejemplo, este año el Gobierno cerró un plan de 1.082 millones para 2026 con la Universidad de Zaragoza y en Castilla-La Mancha se firmó otro plan muy similar.
Un estudio del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre la Evaluación de la Ciencia y la Universidad aborda la escasez de recursos, aunque los datos son antiguos: la inversión en universidades aumentó del 0,43% en los hogares de la Comunidad de Madrid en 2014 al 0,4% en 2018. Y sin embargo, la aportación de los campus al producto interior bruto (PIB) regional aumentó del 2% al 2,4% y el empleo creado pasó del 2,1% al 2,5%.
Lo que es importante es que las universidades sepan con cuánto presupuesto contarán en los próximos años y así poder tomar las decisiones oportunas sobre su crecimiento. Agustín Moreno, diputado de Podemos se muestra indignado: "Sin dinero para pagar las nóminas ni renovar las infraestructuras, atas un brazo a la universidad pública, mientras al mismo tiempo potencias los chiringuitos privados". En Madrid hay 13 universidades privadas frente a las seis públicas.
Con el fin de lograr un objetivo claro, representantes del Departamento de Educación y de los seis planteles se reunieron para lanzar un plan de choque que permitiría las transferencias de capital realizadas por el ejecutivo para cubrir los pagos de nómina y hacer frente a la escasez de energía eléctrica. Los rectores calculan que se necesitan 150 millones más para cubrir los costes de estructura y poder destinar los ingresos de las tasas de matrícula a la investigación u otras actividades.
Lo que sí es llamativo es que, durante los últimos cinco años, las universidades de Madrid han sobrevivido con el dinero ganado en 30 juicios contenciosos contra el gobierno regional. Este cortó el plan de financiamiento 2006-2010 y el plan de inversión 2007-2011 durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En diciembre de 2020, las universidades públicas completaron los 574 millones de dólares adeudados, pero tienen hasta 2024 para gastarlos.
Las pretensiones de lograr la estabilidad en las cuentas vienen de lejos. El proyecto de ley de educación superior del gobierno de Cristina Cifuentes de marzo de 2018 requería un plan de financiamiento plurianual. Pero el presidente se equivocó. No presionó el botón al momento de votar en la asamblea y no se cumplió la norma. Entre 2009 y 2019, las transferencias corrientes y de capital en Madrid cayeron un 15,5%, mientras que en Extremadura crecieron, Navarra, Andalucía o Baleares, según la Fundación CyD.