Barcelona
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrado como una "primera victoria" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya constatado la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano pese a que planteará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).
Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los periodistas desde la Conselleria de Educación después de que el TSJC haya tomado esta decisión porque considera que la sentencia se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.
"Es una primera victoria y una gran noticia. Es el primer paso para que en ninguna aula de nuestro país se aplique el 25% del castellano", ha reivindicado el conseller, que ha afirmado que esta decisión afianza el modelo de escuela catalana.
Sobre que el tribunal catalán plantee una cuestión de inconstitucionalidad al TC, Cambray lo ha valorado como un trámite jurídico y ha reiterado que desde el Ejecutivo catalán defenderán el modelo de escuela: "Que sigan los trámites jurídicos que tengan que seguir", ha dicho.
El conseller ha aplaudido que de cara al próximo curso las direcciones no tendrán que ajustarse a porcentajes porque, según él, no habrá ninguna novedad en este ámbito: "Maestros, no hace falta que cambiéis nada. Seguid educando, seguid enseñando como sabéis hacer".
El titular de Educación del Govern ha agradecido a los grupos parlamentarios, a las entidades y al sector educativo el "máximo consenso" político, social y pedagógico para defender el modelo de escuela catalana.
TSJC
Sobre la cuestión que quieren plantear al TC, los magistrados consideran que la nueva normativa del Govern podría infringir el artículo de la Constitución que establece el castellano como lengua oficial del Estado además del deber de conocerla y el derecho a usarla.
Como la nueva normativa que impide aplicar la sentencia se aprobó después de dictarse el fallo, el tribunal plantea que podría contravenir el artículo de la Constitución que protege los principios de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de las sanciones, seguridad jurídica, así como el apartado que fija la obligación de cumplir sentencias firmes.
Los jueces también plantean que el Govern puede haber infringido la Constitución y el Estatut al aprobar un decreto ley, que está reservado a situaciones "de extraordinaria y urgente necesidad".
El tribunal ha dado a las partes del procedimiento y a la Fiscalía 10 días para que pronuncien sobre la intención de plantear esta cuestión de inconstitucionalidad.