Madrid
UGT ha censurado este miércoles que la Comunidad de Madrid siga "creando confusión" sobre los libros de texto, tras la circular enviada ayer en la que recomendaban a los centros mantener los libros de texto vigentes para el curso que viene, y ha asegurado que "se alejan de la legalidad en este perpetuo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y FP".
UGT ha recordado en un comunicado a las direcciones de colegios e institutos que la elección de libros es responsabilidad suya y, por tanto, "cualquier acción en este sentido puede tener consecuencias legales contra las direcciones".
"Que la libertad de cátedra está contemplada en la Constitución española y que los libros no son más que una herramienta que puede facilitar el acto educativo, pero no es obligatorio ni el único. Que el Programa ACCEDE de gratuidad de libros de texto y material didáctico garantiza la financiación de la misma por parte de la Consejería de Educación", han asegurado desde el sindicato.
De hecho, han subrayado que se encuentra en trámite la modificación de la Orden por la que se aprueba el Reglamento del programa y se regulan las cuantías económicas para el curso 2022/23, con la finalidad de adaptarla a los cambios normativos.
"UGT recuerda a la Consejería de Educación que el Real Decreto del currículum de Primaria LOMCE (Ley Wert) se publicó el 28 de febrero de 2.014 y el decreto autonómico el 24 de julio sin que, en aquel momento, vieran ningún problema para su implantación en ese mismo curso 14/15 ni con las editoriales ni con los centros educativos", han añadido.
Por tanto, han resaltado que las direcciones de los centros no deberían "caer en la trampa" de seguir unas recomendaciones que la propia presidenta "no va a seguir por rayar en la ilegalidad".
"La ley está para cumplirla o cambiarla a través de las tramitaciones parlamentarias y los tribunales, y la presidenta madrileña es la única en España que ha decidido interponer una demanda al currículo de Bachillerato y convertir los currículos en una batalla política personal", ha concluido UGT.