
El problema de la temporalidad en España está llegando a su fin. Así lo indica la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que impondrá un límite del 8% a esta problemática y convertirá así las plazas temporales de 25.000 profesores asociados en indefinidas, según el Ministerio de Universidades. El último borrador obligaba a las universidades a reducir los contratos provisionales del 40% que autoriza la ley actual al 20%. De hecho, el nuevo texto todavía recortaba más la temporalidad en línea con lo acordado con los sindicatos. El objetivo que marca la UE es que el 31 de diciembre de 2024 se debería alcanzar en todo el país el 8% de la temporalidad.
El profesor asociado se ha convertido, desde hace varios años, en un símbolo de la precariedad universitaria. Aunque a priori esta figura está pensada para permitir el acceso a la docencia a aquellos profesionales que puedan compaginarlo con otro trabajo, durante la crisis sirvió de puerta de entrada a muchos docentes sin otra dedicación cobrando salarios realmente precarios. Desde el Ministerio de Universidades son conscientes de esta crítica situación y explican que esta estabilización supondrá "mejorar sus condiciones laborales, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros".
Actualmente, hay 4.800 profesores más en las universidades españolas que en el curso 2011-2012, a costa de precarizar las plantillas hasta el extremo. El número de profesores funcionarios ha menguado considerablemente, después de años de reposición al 10% de las jubilaciones (2012-2014) o al 50% (2015-2016), y desde 2017 al 100%: de 49.000 han pasado a ser 41.700 en 2020. Este año por cada 10 profesores que se retiren podrán entrar en plantilla 12. Los expertos alertan: nunca antes había habido una reposición tan alta, concretamente, del 120%.
Joan Subirats, ministro de Universidades, plantea llevar la futura ley de universidades al Consejo de Ministros a final de este mes. Además de la estabilización, la cartera de universidades incorpora a la LOSU otras medidas para reducir la precariedad, como es la inclusión como mérito preferente de la experiencia docente del profesorado temporal en algunos concursos a Ayudante Doctor; equiparar los méritos de investigación y docencia en todos los concursos; e instar a las universidades a fomentar los contratos predoctorales a profesorado temporal no doctor que quiera incorporarse a la carrera académica.
La principal característica de la LOSU es el consenso educativo que trae consigo
Desde el Ministerio de Universidades definen esta iniciativa como un "paso decisivo" en la lucha contra la temporalidad y la precariedad estableciendo medidas que ayuden a desprecarizar un modelo que "se ha extendido demasiado tiempo". No obstante, la característica principal de esta nueva ley es el proceso de escucha que trae consigo, con representantes de todas las universidades públicas españolas, ya sean rectores o los representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI), así como con otros actores de la comunidad universitaria: sindicatos, estudiantes, Defensorías Universitarias, jóvenes investigadores, red de bibliotecas, entre otros.
En este sentido, la ley diseña una carrera académica más estable y más corta. La idea es que en 10 años una persona que accede a profesor universitario se estabilice en el sistema: el candidato entra a la Universidad con contrato predoctoral de cuatro años para hacer la tesis y una vez acabada podrá acceder a una de las plazas de contratado postdoctoral mediante un contrato de seis años. Si al cabo de esos 10 años el docente tiene acreditación para cualquier figura permanente, pasará a formar parte del sistema.
Finalmente, otro de los puntos más destacados de esta normativa es que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) plantea el compromiso de un gasto del 1% del PIB. En la práctica esto supondrá un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB. Este incremento responde directamente a lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose.