Barcelona
Plataforma per la Llengua, Ustec·Stes, Intersindical-CSC y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un 25% de castellano en la educación catalana por una "infracción muy grave" en la asignación del juez Javier Aguayo.
En una rueda de prensa este martes, la directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, ha explicado que plantean un incidente de nulidad de actuaciones por una supuesta vulneración del derecho a tener un juez ordinario predeterminado por la ley: "No es la justicia quien dice qué juez te toca, sino que el propio juez decide a qué juicio va".
En concreto, el recurso, consultado por Europa Press, impugna que Aguayo, uno de los jueces que dictó la sentencia, no estaba asignado a la sección que emitió el fallo (la quinta), sino que estaba adscrito a la primera.
Pudo cambiar de sección porque, en tanto que presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa, según las reglas de composición del TSJC puede presidir las secciones de su sala cuando "se trate de asuntos con especial trascendencia económica, social o mediática".
Aguayo también participó en el auto de ejecución de la sentencia, y según han asegurado las entidades, suyo fue el voto que "desempató" la cuestión en la sección.
El abogado Ramon Llena ha reconocido que las reglas "no están formalmente mal hechas, sino que su contenido es contrario a un principio constitucional", y según ha apuntado la vulneración de un derecho fundamental es causa de nulidad de la sentencia.
Además, Llena ha sostenido que la condición de presidente de Sala le otorga a Aguayo "una cierta posición jerárquica y una mayor capacidad de influencia", lo que supone --textualmente-- un vicio legal muy potente.
El recurso adjunta jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria a la alteración "arbitraria" de los componentes de un tribunal, y garantizando la inexistencia de jueces 'ad hoc', y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sindicatos
La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha asegurado que desconocen qué acciones jurídicas ha emprendido la Conselleria de Educación de la Generalitat y el Govern respecto a la sentencia: "Esperemos que estén haciendo este trabajo, sería una lástima que solo la sociedad emprendamos estas acciones".
El coordinador de la Comisión de Lengua de Intersindical-CSC, Gerard Furest, ha celebrado la constitución de un "frente judicial común" en el que encuentra una combatividad que no ve en otros espacios educativos, y también ha lamentado la --textualmente-- inoperancia de la Conselleria.