Madrid
Los tiempos se han agotado y parece que la paciencia también. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Gobierno catalán a que imparta de forma "inmediata" al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo en Cataluña. El intento de las fuerzas separatistas de aprobar una reforma legal para intentar sortear esta orden fracasó.
El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha asegurado que hará "lo que haga falta para proteger las direcciones de los centros" ante esta orden. Ha indicado que la sentencia se extralimita de las competencias de un tribunal y la ha calificado de "esperpéntica", asegurando que no se corresponde con las metodologías actuales.
El titular ha sostenido que la modificación legislativa es "imprescindible para avanzar" hacia un contexto que garantice el modelo de escuela catalana, y ha pedido a las formaciones políticas estar a la altura de las circunstancias.
Ante esta situación, las universidades catalanas han sacado un comunicado en el que defienden el éxito del modelo pedagógico, que garantiza a la perfección las competencias lingüísticas de sus alumnos. Han reclamado que la política lingüística de la escuela no se base en porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial y que se deje de instrumentalizar políticamente algo tan importante como es la enseñanza. De hecho, han indicado que son, precisamente, los profesionales del mundo educativo los que determinen qué modelo lingüístico es el más adecuado para garantizar la competencia lingüística del alumnado. Es así como defienden que dicho modelo se base en la inclusión, la cohesión y la progresión social del país.
Finalmente, los rectores y rectora, tal y como recoge la propuesta de Pacto Nacional por la Lengua, piden un debate constructivo para que las bases lingüísticas del futuro de Cataluña y de toda la comunidad lingüística sean compartidas lo más ampliamente posible con la participación y el compromiso de las fuerzas políticas, pero también de las organizaciones, de las entidades y de toda la población.
Más de 40 faltas de ortografía
Nada parece salirle bien a la Generalitat. El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Javier Aguayo, ha lamentado los múltiples errores ortográficos, gramaticales y sintácticos que contenía el auto (en catalán) del lunes que ordenó al Govern la ejecución forzosa de la sentencia del 25% de castellano en las aulas.
Las decenas de errores que se produjeron al publicarse como auto un borrador del mismo sin revisión han obligado a Aguayo a disculparse públicamente. Estos fallos han suscitado la reacción de la asociación Àgora Judicial que ha considerado que las faltas denotan una "posible falta de idoneidad e imparcialidad" del tribunal para resolver sobre la cuestión lingüística y la "necesidad de inmersión" en catalán como lengua minoritaria.
