Madrid
No le tiembla el pulso a la Generalitat de Cataluña cuando afirma su intención de sortear la interpretación de la Constitución, el Estatuto y las normas de rango inferior relacionadas con la aplicación del modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas. El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha ratificado la aplicación del 25% de español en las aulas catalanas y solo queda un día para que el ejecutivo lo acate, aunque parece que tienen otros planes.
La hoja de ruta del Govern está clara y se aleja un tanto de la legalidad. El pasado martes anunció su intención de elaborar un nuevo decreto que elevará a consulta pública durante un mes y que pretende "reforzar el catalán" en las aulas y evitar aplicar la sentencia. El anuncio se interpreta como una estrategia para no cumplir con lo dictado por los tribunales. El tiempo apremia y es que el plazo legal para la aplicación de dicha sentencia del TSJC finaliza mañana y, por lo tanto, deberá aplicarse el próximo lunes.
El consejero de Educación, Josep González-Cambray, respondió a esta amenaza presentando el decreto que desarrollará el Título II de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y que hace mención expresa al "régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña". Los objetivos son "reforzar el modelo lingüístico y dotar de mayor seguridad a los proyectos". Para impulsar esta iniciativa, se tendrá en cuenta la encuesta del Síndic de Greuges, la opinión del consejo asesor de la Generalitat en materia lingüística, las metodologías de aprendizaje, la realidad lingüística de los 5.300 centros educativos y un principio clave que no pasa desapercibido: "el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes".
Cambray presentó este decreto como la joya de la corona educativa, aunque tardará en entrar en vigor cerca de un año. El camino para su aprobación empieza ahora y si se lleva a cabo conseguirá "más presencia del catalán en los próximos cursos de la que tenemos ahora", aunque en su opinión es menor de la que desearía.
Desde que surgió esta polémica, son ya diez los centros catalanes en los que se aplica por dictado judicial un 25% de castellano. El Tribunal subraya que esta sentencia es firme y recuerda que el Constitucional avaló en diversas ocasiones que el sistema de conjunción lingüística es un imperativo constitucional, que comporta necesariamente el uso vehicular de las dos lenguas oficiales.
En pie de huelga
Las jornadas de parón educativo en la región catalana se han prolongado a lo largo del mes de marzo. Durante el día de ayer, no solo los sindicatos educativos Ustec-Stes, Intersindical-CSC y COS se unieron a la huelga contra la polémica sentencia, también lo hizo el Govern. Paradójicamente, uno de los motivos de la convocatoria de esta jornada de huelga es la inacción que algunos sindicatos achacan al ejecutivo para proteger a directores y profesores tras la decisión judicial. Las entidades participantes, en un comunicado conjunto, han exigido el reconocimiento del catalán como lengua vehicular, criticando que "una vez más, el Estado español usa toda la maquinaria jurídica, heredada del franquismo, para reprimir y erradicar la lengua". Así, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los consejeros y diputados de ERC y el consejero de Salud, Josep Maria Argimon (Junts), se concentraron durante el día de ayer en la escalera del Parlament para mostrar su rechazo a la sentencia.
Sin embargo, las voces de apoyo a esta sentencia están dispuestas a llegar hasta el final para ver sus frutos. Las asociaciones en favor del bilingüismo en las aulas catalanas recalcaron que, si el Ministerio no pide la ejecución forzosa de la sentencia, lo harán ellos. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que forma parte de la plataforma Escuela para Todos, creada para forzar al Govern a obedecer al dictado judicial, consideró que pedirán la aplicación de forma inmediata. Además, el colectivo de Escuela para Todos convocó ayer por la tarde un acto para reclamar precisamente esta cuestión.
En esta misma línea, será el mismo lunes y un día después cuando se presentarán dos demandas en caso de que el Govern no cumpla con la sentencia, una de la AEB y otra de Escuelas de Todos.