Madrid
Más de 2.000 mil millones de euros para casi un millón de estudiantes. El Consejo de ministros aprobó este martes un histórico decreto de becas para la convocatoria 2022-2023. Se trata de una inversión récord del ministerio de Educación, cuya principal novedad es que se adelantará la convocatoria de las becas 4 meses para que, de este modo, los estudiantes sepan si pueden ser o no beneficiarios de una ayuda en el momento de matricularse. Con este panorama, los alumnos sabrán aproximadamente en el mes de julio cuál ha sido la resolución de su solicitud y la cuantía a la que tienen derecho. En concreto, el Gobierno destinará un total de 2.138 millones de euros. Según ha asegurado Alegría, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se ha incrementado el presupuesto destinado a becas un 43% con respecto al último Gobierno del PP.
Las críticas no han tardado en aparecer y es que el decreto introduce como novedad la reducción de 7 a 5 puntos la nota media exigible para la obtención de una beca para los másteres habilitantes (es decir, los que no son necesarios para ejercer ninguna profesión), tanto en primero como en segundo curso, lo que ha sido criticado como un claro "castigo al esfuerzo". Esto costará, según cálculos de los ministerios de Educación y Universidades, 45.581,6 millones de euros en caso de tener un impacto máximo y 26.665,2 en caso de un impacto mínimo.
La reducción de las calificaciones no es algo novedoso. De hecho, en el texto normativo del curso 2020-2021 se bajaron las exigencias para los alumnos de grado, que también pueden acceder a la beca con un 5.
La polémica llegó con la novedad del artículo 11 del decreto, que incluye una serie de umbrales indicativos de patrimonio familiar cuya superación determina el no acceso a la beca solicitada por parte del alumnado. Concretamente, en el apartado C se indica que se denegarán estas ayudas cuando se supere "la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas incluyendo los bienes inmuebles de naturaleza especial, excluidos por los valores catastrales de las construcciones que pertenecen a los miembros computables de la familia, no podrá superar 13.130 euros por cada miembro computable". El Consejo de Estado pidió al Gobierno eliminar este apartado porque consideran que no cuenta con un soporte normativo específico.
Apoyo de estudiantes
Por primera vez en mucho tiempo la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) está de acuerdo con este paso del ejecutivo, porque incluye una de las reivindicaciones negociadas con el Ministerio de Universidades. Por un lado, una de las principales demandas conseguidas por el estudiantado universitario es continuar con la reducción de los requisitos académicos, situando en el 5 la nota media exigida para optar a las becas de másteres no habilitantes y, por otro lado, el estudiantado universitario ha logrado materializar una de las reivindicaciones históricas, por la que se adelantan los plazos de solicitud y resolución de las becas del Ministerio.
Estos aspectos, negociados por parte de CREUP con el Ministerio de Universidades, suponen una clara mejora con respecto a las anteriores convocatorias, haciendo el sistema de becas más inclusivo y accesible. Sin embargo, la Coordinadora reclama que son necesarias mayores reformas que garanticen el derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a las becas y ayudas. Entre estas medidas destaca la inclusión real de las personas con discapacidad o desarrollar nuevas acciones que avancen hacia la supresión de los requisitos académicos. CREUP considera que se debe eliminar la obligatoriedad de devolver la cuantía de la beca en caso de no superar un cierto número de créditos.
Sin embargo, desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE insisten que no es suficiente este paso, ya que las becas se seguirán cobrando bien entrado ya el curso académico, por lo que no se soluciona nada. También reclaman una vuelta al sistema de cuantías fijas que da más certidumbre al alumnado y ya sabe de antemano cuánto va a recibir o que se aumenten las ayudas a los estudiantes de FP básica, que fueron los más afectados con el cambio de sistema, entre otras muchas medidas.