Madrid
Ciudadanos (Cs) ha registrado este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que reclama a la institución que "ponga en marcha todos sus mecanismos" para que obligue al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que garantiza un 25% de enseñanza en castellano en Cataluña "y se restablezca el ejercicio de los derechos" en esa comunidad autónoma.
Así lo ha explicado el vicesecretario general de Cs y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, junto al portavoz y la portavoz adjunta en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín Blanco y Anna Grau, respectivamente, tras presentar una queja ante el Defensor del Pueblo en Madrid.
En su intervención ante los medios, Bal ha defendido que "el Defensor del Pueblo, tanto en la Constitución española como en su Ley Orgánica reguladora, es la institución que está diseñada para proteger los derechos fundamentales y libertades publicas de todos los ciudadanos frente a la acción o inacción de las administraciones publicas".
"Nos encontramos aquí ante una clara inacción tanto de la Generalitat de Cataluña como, sobre todo lo más indignante, del Gobierno de España que tendría que estar protegiendo el derecho de los ciudadanos a la educación también en castellano y que tendría que estar velando por el cumplimiento de las sentencias de acuerdo con el principio de separación de poderes y los principios más esenciales del Estado de Derechos y del imperio de la ley en cualquier sociedad democrática avanzada", ha justificado Edmundo Bal.
El portavoz de Ciudadanos ha puesto de relieve que cualquier ciudadano en Cataluña "puede pedir en su centro educativo recibir el 25% de la enseñanza en castellano, que es lo que han hecho los padres de este niño de 5 años en Canet del Mar". Bal se refería así al caso de acoso denunciado por la familia de un niño en Canet de Mar (Barcelona), señalada tras conseguir que el menor pueda recibir un 25% del horario lectivo en castellano.
"Lo de Canet del Mar clama al cielo. No se puede permitir de ninguna manera que se llame 'colonos' a una familia que vive en un pueblo en Cataluña y que solamente pide el ejercicio de sus derechos reconocidos por una sentencia. No puede ser que se llame a apedrear el hogar donde vive un niño de 5 años por estos bestias", ha manifestado, para después agregar que tampoco se puede permitir que el Gobierno de la Generalitat diga que "las personas que piden el ejercicio de sus derechos son enemigos de Cataluña".
El Gobierno, ''preocupado'' por sostenerse en el poder
En este sentido, el portavoz ha expresado que es "indignante" que el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, afirme que "no va a cumplir con una sentencia que otorga derechos a la ciudadanía" y que el Gobierno de España, "solamente está preocupado por sostenerse en el poder, mire para otro lado". Además, ha añadido que habrá que ver si los funcionarios de los centros educativos "se atreven" a no cumplir el fallo, lo que sería "claramente un delito de desobediencia o de prevaricación".
Preguntado sobre por qué no han esperado al cumplimiento de los dos meses de plazo que otorga la sentencia del Supremo para su ejecución y si es una cuestión de desconfianza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz de Cs ha contestado que ese plazo se concede cuando la parte condenada alega que necesita un periodo de tiempo para cumplirla, pero no cuando dice "no voy a cumplir".
"Hay que abrir ya el incidente de ejecución porque la parte condenada, la que tiene que hacer todo lo posible para que esa sentencia se lleve a puro y debido efecto, ya ha dicho que va a incumplirla. El Estado, por lo tanto, tiene que reaccionar. ¿Vamos a esperar a que se produzcan más fenómenos de acoso? ¿Vamos a esperar a que se apedree de verdad la casa de un niños de 5 años?", ha planteado.
"Auténtica campaña de acoso"
Nacho Martín Blanco también ha intervenido ante los medios de comunicación, a quienes ha indicado que el nacionalismo "ha montado una auténtica campaña de acoso a aquellas familias que se atreven a reivindicar o a pedir" este derecho.
"Es absolutamente inconcebible e insólito en una democracia el hecho de que los poderes públicos se desentiendan del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha enfatizado, para después explicar que los catalanes están "tan desamparados" por las instituciones que no pueden recurrir al Síndic de Greuges que se dedica a "proteger los atropellos que cometen los políticos contra los ciudadanos" de Cataluña.
Nacho Martín Blanco ha asegurado que es "imprescindible" que el Defensor del Pueblo atienda su demanda que es "de justicia". "Es fundamental que el resto de los españoles tomen conciencia del atropello, del desamparo y del abandono al que estamos sometidos los ciudadanos de Cataluña en relación con nuestros derechos lingüísticos", ha remarcado.
El partido que lidera Inés Arrimadas también ha pedido la comparecencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la comisión del ramo del Congreso para que informe de las medidas que tiene previsto tomar "ante la situación de acoso por parte del independentismo que están sufriendo menores y sus familias en Cataluña por pedir que se respete su derecho reconocido judicialmente a recibir, al menos, el 25% de su educación en castellano".
También ha presentado una batería de preguntas para su respuesta por escrito entre las que destacan qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de España para asegurar que se investiga la "aberrante campaña de acoso" contra un menor y su familia en Canet de Mar y si prevé realizar algún tipo de actuación para evitar que "este tipo de señalamientos y hostigamientos se sigan produciendo.