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Sin apoyos: Castells se queda solo al llevar la LOSU al Congreso

  • La Junta de Castilla y León ya solicitó la retirada del anteproyecto al no encontrar novedades significativas
Madrid

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) no llega al Congreso por falta de consenso. Manuel Castells, ministro de Universidades, vuelve a poner a sus espaldas a las instituciones educativas de formación superior que no entienden cómo puede aprobarse una ley con tan poco diálogo, sin ninguna novedad y escasos puntos en común. Han sido muchos los rectores que se han puesto en contra de la aprobación de una norma que para muchos de ellos no tiene sentido, de hecho, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) definían esta norma como "poco innovadora y alejada de las demandas" actuales que reclama la sociedad.

Así lo señalaba el presidente de Crue Universidades y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, que explicaba que "en ningún momento se presenta un modelo de universidad y de sistema universitario reconocible y competitivo. Todo lo contrario, se camina hacia un modelo que se aleja de Europa". En este mismo sentido, la Junta de Castilla y León ya solicitó la retirada del anteproyecto al no encontrar novedades significativas y que mantiene el rechazo de toda la comunidad universitaria. Rocío Lucas, consejera de Educación, afirmaba que esta norma se debería plantear cuando se alcanzaran los grandes consensos con todos los participantes de las instituciones de educación superior.

Desde hace varias semanas se vive un ambiente irritante en este sector que ha hecho que los estudiantes convocaran un paro en las clases en forma de protesta. El Pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) emitió también un informe desfavorable al proyecto de la LOSU alegando que "no supone ningún avance" con respecto a la norma vigente. Tampoco avanza la "ley Castells" en solucionar los principales problemas del estudiantado, ya sea la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria.

Sin embargo, parece que no todo es tan fatídico como resulta. El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, definía como "totalmente necesaria" la reforma universitaria y la LOSU si se aspira a que las universidades españolas sean realmente competitivas. Para Carot la reforma universitaria pasa por tres ejes principalmente: política de recursos humanos, más financiación y autonomía y flexibilidad para las universidades. Sobre la escasa participación estudiantil, Carot asumía parte de culpa al reconocer que en los últimos tiempos no se han sabido encontrar los mecanismos para incentivar la participación.

Ley de Convivencia

Al margen de todas las críticas el pasado mes de noviembre la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso aprobaba por 20 votos a favor (PSOE, Podemos ERC y PNV), 15 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y una abstención, el dictamen sobre el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que incorpora las enmiendas transaccionales de los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y ERC.

Con esta nueva ley, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.

Lo más importante de esta norma es que deroga el Reglamento de Disciplina Académica franquista de 1954 que permanecía vigente para los estudiantes. Se podrá sancionar "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento", pero teniendo en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga. Esta norma define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.

Las críticas tampoco han tardado en aparecer en lo relativo a las enmiendas. Y es que el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, considera que si esta norma incorpora enmiendas planteadas por ERC y los partidos del Gobierno, estaremos ante una norma "como la franquista, con algún retoque, pero no una ley moderna", todo lo contrario a lo que se busca.

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