Madrid
Menos niños en el aula, más calidad en la educación. La importancia de aminorar las ratios en el sistema educativo se ha convertido, desde hace muchos años, en la principal reivindicación histórica, siempre desatendida, de los profesores. La llegada de la pandemia trajo consigo numerosas medidas preventivas que, en el caso de la disminución del número de alumnos en el aula, favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, durante el curso escolar 2020-2021 se crearon más de 9.004 clases más en primaria, hasta sumar un total de 142.137 grupos. En la ESO se formaron 7.727 unidades adicionales, hasta alcanzar las 87.081. Fue bonito mientras duró. Sindicatos y asociaciones exigieron que la medida se mantuviese sin llegar a ningún acuerdo. El Sector de Enseñanza de UGT, por ejemplo, se reunió con la ministra de educación, Pilar Alegría, para trasladarle la urgencia de las ratios y reducir también la carga lectiva del profesorado. Además, reclamó el compromiso de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa a 2023, coincidiendo con el fin de la legislatura y acercar a España al 7% en 2025.
Actualmente la ratio de las distintas enseñanzas es de 25 alumnos por aula para las etapas de Infantil y Primaria, 30 para Educación Secundaria y 35 para Bachillerato y Formación Profesional. Los sindicatos educativos están molestos y exigen al ministerio y a las comunidades autónomas que den alguna solución. Para ANPE, no hay nada peor para la atención educativa individualizada y para la inclusión educativa que un elevado número de alumnos por aula, acentuado por las dificultades de aprendizaje sufridas por el alumnado más vulnerable durante estos últimos meses. Desde FSIE Madrid lo tienen claro: "Cuantos menos alumnos/as haya en el aula, la atención por parte de los docentes será mejor y más personalizada; por lo que los recursos son mejor aprovechados por parte de los estudiantes", indica José María Méndez, secretario de Acción Sindical de FSIE Madrid.
Héctor Adsuar López, secretario de Pública No Universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO, mantiene que esta medida "beneficia a todo el alumnado, pero especialmente al más vulnerable por tener necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje o estar en desventaja social". De hecho, está comprobado que en los países en los que las ratios son más bajas, se obtienen mejores resultados educativos.
Según datos obtenidos en 2019, España es el octavo país con más alumnos por clase en Educación Primaria, superando levemente a la media de la UE (que es de 13,5 escolares por cada docente). Son cifras que solo superan países como Rumanía, República Checa o Eslovaquia. Por otro lado, regiones como Grecia, Luxemburgo o Polonia tienen menos alumnos por aula. En general, el número de estudiantes de la UE ha experimentado un tímido descenso, desde los 13,6 en 2018 hasta los 13,5 en 2019.
Problema presupuestario
En España, este curso escolar comenzó prácticamente como lo recordábamos hace dos años, con las ratios prepandemia y con los docentes de cada centro, sin los refuerzos contratados durante el año pasado. La pregunta más recurrente en esta polémica es ¿por qué no se pueden reducir? Desde FSIE Madrid apuntan a un problema puramente presupuestario "si debemos hacer grupos más pequeños en cada aula, se necesitarán más aulas y, por tanto, más profesores y más inversión en cada centro". Pero el foco está en, precisamente, tomárselo como una inversión "en la que, si mejoramos la calidad del sistema educativo, estamos creando una sociedad mejor de futuro", considera Méndez. Además, manifiestan que educativamente esta medida "interfiere directamente en la calidad de la enseñanza, ya que el desarrollo de las asignaturas se podría plantear desde un aspecto más cooperativo entre los alumnos al tener grupos más reducidos".
El sindicato STEM apunta que lo que imposibilita el aumento de ratios son dos cosas: el Ministerio de Educación, que entre sus competencias está establecer las ratios máximas y, por otro lado, las Comunidades Autónomas, que pueden rebajar las ratios por debajo de ese umbral, pero hay algunas que se muestran reticentes, como es el caso de la comunidad madrileña. Sergio López del Río, co-portavoz de STEM, cree que en el caso de la región madrileña "la política es ir suprimiendo aulas en centros públicos en los niveles iniciales en el proceso de matriculación, e ir repartiendo al alumnado "sobrante" en otros centros para ajustar las ratios al máximo". En la otra cara de la moneda destaca la Comunidad Valenciana que decretó una bajada de ratios a 23 alumnos en Infantil 3 años, que se extendería sucesivamente a los niveles superiores. "El objetivo era evitar el cierre de aulas y, en definitiva, de centros. Nos gustaría encontrar esa misma sensibilidad tanto en el Ministerio como en la Administración madrileña", concluye López del Río.
Consecuencias fatídicas
En esta misma línea, desde USIT-EP, de forma más crítica, manifiestan que: "se ensalza la educación como mantra necesario, pero se la margina en medios" y esto se debe a que "pocos políticos creen de verdad en el sistema educativo". Afirman que es el alumnado el grupo más perjudicado: "Los docentes sufren la frustración continua de saber que sus alumnos necesitan una atención para que consigan una progresión significativa en su aprendizaje". En este punto, se habla de la importancia que tiene el aprendizaje personalizado y de cómo las leyes educativas lo tratan como una de las bases que tiene el sistema educativo para el reconocimiento de necesidades educativas especiales, que pueden suponer barreras para el alumnado que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje. Muchos alumnos con necesidades educativas especiales están escolarizados en la escuela pública, con lo que los docentes pueden encontrarse en su aula estudiantes que tienen cinco o seis ritmos diferentes de aprendizaje: "es imposible que reciban el tiempo de atención individualizada que necesitan", declaran desde USIT-EP. "La sobrecarga de tareas redunda en la calidad del trabajo de los docentes y en la posibilidad de dedicar el tiempo necesario a esta atención individualizada", opina López del Río.
A esto se puede añadir la desventaja que se impone en algunas materias cuando se juntan, con demasiada frecuencia, varias aulas superando los alumnos de cada etapa. Héctor Adsuar López cree que también es importante "dotar de profesorado de apoyo para mejorar la ratio de docentes por grupo y mejorar, así, la atención especializada".
No obstante, de nada vale que las normas educativas lo reclamen, cuando después cada profesor debe impartir su materia específica con las ratios actuales. La solución también está para este sindicato en la inversión urgente: "la falta de voluntad política para ofrecer una verdadera calidad educativa, la perspectiva ideológica del sistema y la falta de medios nos aboca al fracaso escolar", expresa este sindicato.
Es, precisamente, el fracaso escolar lo que se debería reducir a toda costa porque los datos en España dejan mucho que desear. En el año 2020 el abandono temprano de la educación-formación alcanzó la cifra de 20,2% para los hombres y 11,6% para las mujeres. La tasa de abandono masculino es la más elevada de la Unión Europea y, aunque influyen muchas causas, el sistema educativo tiene parte de culpa.
En línea con estos malos datos, la OCDE publicaba el pasado mes de septiembre que España es el país con mayor número de alumnos que han repetido curso en la ESO. Concretamente, un 8,7% de los estudiantes de este ciclo de secundaria no han superado su curso, respecto al 1,9% de la media de los 32 países que conforman la institución internacional. Algo similar ocurre en Bachillerato. Aquí, la tasa de fracaso es del 7,9% de los alumnos, frente al 2,9% del promedio en 2019. Solo República Checa supera a España.
Más inversión
"Pérdida de oportunidad". Esta es la sensación que tienen los sindicatos y asociaciones educativas al darse cuenta de lo que podría haber sido, pero no fue. El ejecutivo tuvo en su mano apostar por la calidad educativa y lo dejó pasar. Adsuar López también pone el foco en la inversión: "primero usando los fondos de transformación y resiliencia y luego consolidando el gasto en los diferentes presupuestos".
La teoría está clara: según este experto el incremento en el gasto del profesorado, partiendo de la situación prepandemia, sería de unos 3.241.403.820 euros a nivel estatal en la enseñanza pública no universitaria. Para acompañar esto de otras medidas, es necesario un aumento del gasto educativo en relación con el PIB de un 0,78%, para llegar al 5% del PIB y comenzar a equipararnos como país a las regiones más avanzadas del entorno.
Siguiendo con las cuentas, contratar 15.000 docentes más, lo que sería una cantidad suficiente para aplicar una bajada generalizada de ratios, cuesta unos 400 millones de euros anuales. Parece una cantidad excesiva, pero Sergio López del Río protesta: "la región de Madrid perdona 2.000 millones de euros a las grandes fortunas en base a la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio y a la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para herencias de hasta un millón y medio de euros".
Otras medidas de mejora
Aunque el número de alumnos en una clase influye mucho al hablar de la calidad educativa, existen otros factores de mejora que se deben considerar, como es el salario de los docentes. En otros países de la OCDE los profesores empiezan ganando menos y prosperan con los años mucho más que los españoles. Por otra parte, mientras que en los países más desarrollados socialmente de Europa los docentes gozan de una gran valoración social, en nuestro país el profesorado no está bien valorado, ya que existe un enorme desconocimiento sobre su labor y sobre su impacto en la educación. Sin embargo, la llegada de la Covid-19 ayudó a que la sociedad empezase a valorar más todo el trabajo que un docente realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene tanto calado en el futuro y que no solo se basa en las horas que el profesor pasa frente al alumnado en una clase, sino que esta labor se completa con el trabajo diario que tiene este profesional a la hora de preparar los contenidos que va a impartir. En cuanto a las horas de enseñanza del profesorado, en general tiende a decrecer en la mayoría de países de la OCDE conforme aumenta el nivel educativo. El caso de España es, en todas las etapas, superior al de los países de la UE23 y a la media de la OCDE. El número de horas que los profesores españoles dedican a la enseñanza en los centros públicos es de 880 horas en el caso de Primaria, 713 en la primera etapa de Secundaria y 693 horas en la segunda etapa de Secundaria.
Investigaciones realizadas por la OCDE en materia de educación han determinado que precisamente el liderazgo en las escuelas es la segunda variable escolar con mayor impacto en la calidad educativa, solo por detrás de las características de los propios estudiantes. Es por eso por lo que otra de las medidas de mejora del sistema educativo es el desarrollo de ciertas competencias y habilidades entre las que se encuentra el liderazgo. Son las instituciones educativas las que deben proporcionar espacio y oportunidades para que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias. De esta forma, se deberán transmitir valores como la empatía, a la hora de entender situaciones por las que están pasando otras personas; comunicación, para transmitir de la mejor manera posible el mensaje; la curiosidad o incluso la responsabilidad, para sumir las consecuencias de los actos.
Centros complejos
De nada vale que la comunidad educativa reclame en cada inicio de año escolar una bajada de ratios si el ejecutivo no toma cartas en el asunto. Este año los socialistas han propuesto reducir de forma permanente las ratios en los centros de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa. De esta forma, reducir el número de alumnos por clase en los centros que concentran estudiantes con dificultades socioeducativas permitiría que en ellos mejoraran los resultados académicos, la convivencia, las oportunidades de los estudiantes y la motivación y el compromiso del profesorado. La propuesta también insta a que el Gobierno impulse en la Conferencia Sectorial de Educación un "Plan de acompañamiento" para este tipo de centros en cumplimiento de la ley de educación.