Madrid
El Govern se revela otra vez y ofrece las herramientas necesarias para obstaculizar el uso del castellano en las aulas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, lo tiene claro: a pesar de todo "el catalán en la escuela no se toca", aunque eso signifique enviar espías a las clases en las que se sospeche que el castellano es protagonista. El Tribunal Supremo ha dado un golpe mortal a la inmersión lingüística al no admitir el recurso que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, en diciembre de 2020, ordenaba al Govern a garantizar que el castellano se imparta, como mínimo, en el 25% de las horas escolares. El fallo pasa ahora a ser firme y ejecutable.
El Supremo confirma la resolución de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso Administrativo del TSJC declaraba "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".
El texto también analizaba la normativa sobre las lenguas vehiculares y, de acuerdo con la información de la Conselleria de Educación, señalaba que la media de horas de uso del castellano en los centros de enseñanza es del 18% en el caso de Primaria, del 19% en los centros de ESO y del 26% en el Bachillerato.
El Gobierno se desentiende y afirma que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Supremo ya que la Educación está en manos de las comunidades. Sin embargo, Casado ha ofrecido a Sánchez sus votos en el Senado para aprobar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de hacer cumplir la sentencia del Supremo en Cataluña. El líder del PP avisaba de esta forma al presidente del Gobierno que está "obligado" a hacer cumplir ese fallo y le advertía de que si no lo hace "podría estar prevaricando".
Las reacciones del Govern no se han hecho esperar y son inflexibles: ni un paso atrás. El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez- Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora". También aseguró que la ministra de educación, Pilar Alegría, le ha dado "garantías" de que no ejecutará la decisión del Tribunal Supremo.
En esta misma línea se situó Pere Aragonés, calificando de "injerencia" y "falta de respeto a los docentes" esta decisión judicial. "El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social", reiteró Aragonés.
Por lo de pronto, parece que se mantendrán en esta posición, ya que el pasado 4 de noviembre la secretaria de Transformación Educativa, Núria Mora, ofreció a los directores de escuelas herramientas para espiar las clases que se den en castellano. Así se comunicó la creación de unos grupos formados por una persona del equipo directivo para que pueda realizar diferentes observaciones dentro de las aulas.
Lo cierto es que el modelo educativo catalán es defendido por las formaciones independentistas, pero también, aunque con matices, por el PSC. De hecho, el Gobierno y el grupo ERC negociaron hace un año la llamada "Ley Celaá", que dejaba de considerar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Fue por aquel entonces cuando el Govern confiaba en que la nueva norma educativa permitiría seguir con un mínimo de clases en castellano en Cataluña, como hasta ahora, pese a las sentencias en contra. La LOMLOE eliminaba la referencia explícita, que sí constaba en la anterior norma, de que el castellano es la lengua vehicular en las comunidades en las que hay otra lengua cooficial. Pero los jueces ya se han posicionado: el castellano no deja de tener ese estatus, ya que así figura en la Constitución.
Amenaza de denuncia
A partir de ahora la responsabilidad de aplicar o no este 25% de castellano será directamente de los directores de los centros, que podrían llegar a cometer un delito si optaran por no cumplir la decisión del TSJC, tal y como les pide su consejero. En este punto, serán las familias afectadas las que, una vez más, tengan que instar a la ejecución de la decisión judicial y amenazan con denunciar. La Asamblea por una Escuela Bilingüe celebró el fallo y pidió cambiar el modelo educativo, que "discrimina a miles de alumnos por razón de lengua". Los datos son claros. Fuera de la escuela, la mayoría de la población catalana tiene el castellano como lengua materna (el 52,7% frente al 31,5%, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, de 2019).
La situación no será fácil porque precisamente la Generalitat no está allanando el terreno, lo que alerta a la comunidad educativa y le impide poder ejercer su labor sin presiones.