Ecoaula

El Gobierno dice que es la Generalitat la que tiene las competencias para garantizar un 25% de castellano en las aulas

  • El Ejecutivo entiende que el cumplimiento de esa sentencia depende del Govern
Madrid

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat.

En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.

"El Gobierno no tiene esas competencias", ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, al ser preguntada en concreto sobre si el Ejecutivo va a instar al Govern a cumplir la sentencia de Supremo. Esas competencias son de la Generalitat, según han explicado después las fuentes consultadas.

No obstante, la Generalitat ha dejado claro que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".

Aún así, el Ejecutivo entiende que el cumplimiento de esa sentencia depende del Govern, ya que es esta administración y no el Gobierno la que tiene las competencias en Educación. Eso sí, Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecutiva cuando le corresponde.

comentarios0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.