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El estudiantado reclama que la "ley Castells" inicie el camino hacia la gratuidad de las tasas universitarias

  • El Ministerio de Universidades mantuvo ayer una mesa de negociación tras la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario
Madrid

El estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), ha reivindicado al Ministerio de Universidades que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establezca un sistema de financiación universitaria que permita avanzar hacia la gratuidad de los precios públicos universitarios en la mesa de negociación mixta mantenida ayer junto a la Conferencia de rectores, sindicatos, Consejos Sociales y Comunidades Autónomas.

La nueva ley universitaria de Castells establece que los precios públicos universitarios serán fijados por cada Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. No obstante, el estudiantado universitario insiste en la necesidad de garantizar en la futura Ley Orgánica que el sistema de precios públicos deberá tender a la gratuidad de la primera matrícula universitaria, una idea que el Ministro de Universidades ha compartido públicamente en varias ocasiones.

Así, los estudiantes consideran fundamental que la LOSU refleje un sistema de financiación universitaria que cubra las necesidades mínimas de las universidades, evitando que la falta de financiación sea cubierta por las tasas universitarias del estudiantado como ocurrió en 2012 con el "tasazo" de Wert. Los representantes de estudiantes han destacado la necesidad de garantizar que no vuelva a producirse esta situación, que expulsó a miles de estudiantes de la educación superior y obligó al estudiantado y sus familias a sustentar económicamente a la Universidad.

Para ello, también reivindican que el aumento del gasto público en educación se produzca en los próximos cinco años en lugar de en los próximos diez años, como ha propuesto el Ministerio de Universidades. A su vez, consideran necesaria una inversión del 2% del PIB estatal, así como una financiación autonómica que cubra las necesidades mínimas de las universidades, como los gastos corrientes o el personal.

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